El Gobierno PSOE destaca un «salto cuantitativo» en el reparto de menas y defiende la reforma legal como un avance histórico en solidaridad territorial
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha ofrecido datos que reflejan un cambio significativo en la gestión de los menores extranjeros no acompañados (menas) en España.
Durante una visita a Melilla, donde presidió una reunión de coordinación con delegados del Gobierno de distintos territorios, Torres cifró en alrededor de 1.800 los menores trasladados desde el 1 de septiembre de 2025 hasta la fecha actual, en el marco del nuevo sistema de reubicación impulsado por el Ejecutivo de Sánchez.
Según las declaraciones del ministro, en estos siete meses se ha producido un auténtico “salto cuantitativo” respecto a periodos anteriores. “En 2022 se trasladaban unos 300 menores al año y ni siquiera se cumplía. Ahora hablamos de entre 1.700 y 1.800 en siete meses”, subrayó Torres, destacando la aceleración del proceso tras la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que cumple ahora su primer aniversario desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
PP y VOX dicen NO
Esta reforma, aprobada con el apoyo de la mayoría parlamentaria (excepto PP y VOX), responde a las históricas reivindicaciones de territorios especialmente presionados por la llegada de inmigrantes irregulares, como Canarias, Ceuta, Melilla, Andalucía y Baleares.
El objetivo principal es aliviar la saturación en las zonas fronterizas y garantizar una mejor atención y condiciones de acogida para estos menores, distribuyéndolos de forma más equilibrada por el conjunto del país.
Torres informó además de que actualmente entre 1.500 y 1.600 jóvenes se encuentran ya integrados en comunidades autónomas receptoras, donde se están desarrollando “sin problemas de convivencia” procesos de escolarización, formación y atención social.
Tutela de los supuestos menas
La tutela de estos supuestos menores corresponde a las comunidades autónomas de acogida, mientras que el Gobierno central se encarga de coordinar el sistema, verificar incidencias y aportar recursos económicos (con una partida de 100 millones de euros destinada a este fin).
En un tono firme, el ministro rechazó las acusaciones de que las políticas de acogida generen un ‘efecto llamada’. ·Quien piensa que alguien arriesga su vida en una patera por placer desconoce la realidad”, atribuyendo los flujos migratorios a causas estructurales como la pobreza, la violencia y la inestabilidad en los países de origen.
Torres también lanzó un aviso al Partido Popular: una eventual derogación de la reforma supondría “un retroceso” que devolvería a miles de menas a situaciones de hacinamiento en Canarias, Ceuta y Melilla. Defendió que el actual modelo representa “una cuestión de justicia, solidaridad y cumplimiento del derecho internacional”, y garantizó que se mantendrá durante toda la legislatura.
