Siete países se mostraron abiertamente en contra de decidir sobre la cuestión y al menos otros tres pidieron «más información»
El grupo de países que rechazó votar ayer la oficialidad del catalán en la Unión Europea no fue «reducido», como aseguró el Gobierno, ya que el número ascendió a siete. Así lo confirma hoy El Mundo.
Entre esos gobiernos que se mostraron frontalmente en contra están dos de las principales potencias europeas: Alemania e Italia. Además, Francia, mostró asimismo algunas dudas, según confirman fuentes diplomáticas. «No dijo que no pero tampoco que sí», exponen.
Berlín y Roma son las que «han movido el no«, prosiguen en Bruselas, al tiempo que desde al menos tres países afirman que Alemania fue especialmente «dura» con el catalán.
Con Alemania e Italia, señala El Mundo, se mantuvieron Finlandia, Suecia, Croacia, Austria y República Checa, y lo que genera una gran inquietud entre todos estos países es la legalidad de la medida.
Porque los servicios jurídicos del Consejo de la UE ya adelantaron que, en caso de aprobarse la oficialidad del catalán, gallego y euskera, «sería necesario revisar los Tratados europeos«.
Información jurídica
Fuentes diplomáticas añaden que «al menos» diez países coincidieron en que sería positivo que España ofreciese más información jurídica y también en términos de financiación.
España quiere tratar de atender estas peticiones de información adicional lo antes posible y baraja, incluso, retomar el uso del catalán en el próximo Consejo de Asuntos Generales.
Sería el próximo 24 de junio, el último bajo la presidencia de Polonia y la misma semana en la que se celebra la crucial cumbre de la OTAN en La Haya así como la última reunión de presidentes europeos en Bruselas.
«Estamos más cerca que nunca y desde hoy mismo vamos a estar en contacto con los países que tienen cuestiones», añadió el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, tras la reunión que tuvo lugar en Bruselas. Al tiempo que sostuvo que «no existen obstáculos legales» para la oficialidad.
Financiación
La financiación otra de las cuestiones que también genera ciertas dudas en Europa. La Comisión Europea hizo una primera estimación de que el coste de hacer oficial el uso del catalán, vasco y gallego ascendía a 132 millones de euros al año.
El Gobierno siempre ha mantenido que se encargaría de sufragar ese gasto, pero existen dudas sobre si esto debe ser así. Y, como apunta El Mundo, “llama la atención que un ciudadano de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura o Madrid deba sufragar con sus impuestos un compromiso político de Sánchez con el independentismo”.
