El máximo órgano consultivo del Gobierno critica la norma que la ministra Diana Morant aprobará hoy, previsiblemente
El real decreto que prepara el Ejecutivo de Pedro Sánchez para fijar los requisitos de creación de universidades en España ha suscitado las críticas del Consejo de Estado.
El máximo órgano consultivo del Gobierno ha emitido un dictamen que, aunque favorable, señala múltiples riesgos jurídicos de una norma que previsiblemente se aprobará mañana. Algunos de ellos, de gran calado: posibles invasiones de competencias autonómicas, vulneración del derecho europeo de libre circulación o deficiencias de procedimiento que podrían acabar en los tribunales.
Sin embargo, como apunta ABC, el texto también evita tocar cuestiones como la retroactividad de la norma, que habrían llevado al consejo a emitir un dictamen mucho más duro.
El Ministerio de Universidades, dirigido por Diana Morant, ha recibido numerosas alegaciones al texto. Es el caso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o las universidades privadas.
También ha sido cuestionado no solo por las comunidades gestionadas por el PP, sino por el País Vasco, donde el PSOE gobierna en coalición con el PNV. Esta última crítica habría sido solventada con una concesión para que las comunidades con lengua cooficial puedan tener algunas ventajas sobre el resto.
El decreto del Gobierno en la práctica va dirigido a las universidades privadas, a las que impondrá varios requisitos que dificultan su apertura y no siempre justificados, según se puede desprender del dictamen del Consejo de Estado al que ha tenido acceso a ABC.
“Chiringuitos educativos”
La norma pondrá coto solo a los campus privados, puesto que la última universidad pública que se abrió fue en 1998. Además, el propio Pedro Sánchez ya habló no hace mucho de “chiringuitos educativos”.
Además, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llegó a decir que la universidad privada supone una “amenaza” para la clase trabajadora.
Uno de los puntos más polémicos para el Consejo de Estado es el carácter vinculante que el real decreto otorga a los informes de las agencias de evaluación de calidad, tanto la estatal Aneca como las autonómicas.
Mutación de la competencia autonómica
Según el borrador, una comunidad no podría autorizar la creación de una universidad si recibe un informe negativo. El Consejo de Estado advierte de que esa previsión supone una “mutación de la competencia” autonómica. Es decir, que la comunidad deja de decidir realmente, porque su margen queda anulado por un dictamen técnico. La recomendación es clara: mantener los informes como preceptivos, pero no como vinculantes
Otro de los puntos de fricción se refiere a las universidades con un perfil mayoritariamente virtual. El decreto establece que aquellas cuya oferta supere el 80% de créditos a distancia serán competencia exclusiva del Estado.
Conferencia General de Política Universitaria
Un problema similar se detecta en el tratamiento del informe de la Conferencia General de Política Universitaria, órgano que agrupa al ministerio y a las consejerías autonómicas. El proyecto de decreto exige que su dictamen sea favorable para que una comunidad autorice una nueva universidad.
El Consejo de Estado considera, como recoge ABC, que esta previsión incurre en el mismo vicio: convierte una opinión colegiada en un veto estatal sobre una competencia autonómica.
Requisito mínimo de alumnos
El real decreto también fija un requisito mínimo de 4.500 alumnos para que una universidad sea viable. El Consejo de Estado no rechaza la medida. Sin embargo, organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han criticado que un umbral tan elevado puede limitar la entrada de operadores especializados o de ámbito local, restringiendo la competencia.
Por otra parte, el riesgo más claro de fricción con la Unión Europea es la exigencia de que al menos el 75 % del profesorado de las universidades virtuales resida en España o en otro país de la UE. La CNMC y el Ministerio de Trabajo advierten de que esta obligación puede vulnerar la libre circulación de trabajadores y la libertad de prestación de servicios.
