Sospechan que la oferta inicial de 160 plazas podría haber sido más un gesto electoral que un compromiso real del Gobierno de Pedro Sánchez
La situación está muy tensa entre los opositores al cuerpo de Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez, a través del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria.
Un grupo de opositores al proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera denuncia públicamente a través de LA BANDERA, las supuestas “graves irregularidades detectadas en la Resolución del 9 de septiembre de 2025 del Tribunal Calificador”.
En esta resolución se publica la relación de aspirantes que han superado la primera parte del tercer ejercicio de la fase de oposición. Se ha dejado sin cubrir el 44% de las plazas ofertadas (70 de las 160 convocadas). “Se trata de una circunstancia inédita hasta la fecha… Adoptada sin alegación ni explicación oficial, pese a que la convocatoria no contempla la posibilidad de dejar plazas vacantes”.
Para los opositores, “esta decisión genera serias dudas sobre la transparencia, la legalidad y la igualdad de oportunidades. Son principios básicos que deben regir cualquier proceso de acceso a la función pública”.
Además, “la falta de información clara incrementa la sensación de arbitrariedad y vulneración de derechos”.
Contexto de dimisiones y movimientos internos
La polémica, dicen los opositores, se agrava con las dimisiones del director Adjunto del SVA y del Subdirector de Operaciones. Fueron anunciadas horas antes de la publicación del listado, tras años de polémicas y en el contexto del escándalo por presuntos delitos de corrupción que involucran al exministro Cristóbal Montoro.
Todo apunta a que existía conocimiento previo de que no se cubrirían todas las plazas, lo que “alimenta la sospecha de que la oferta inicial de 160 plazas podría haber sido más un gesto electoral que un compromiso real”.
Asimismo, denuncian los opositores, “se ha sabido presuntamente que Eva Duarte Varela, presidenta del Tribunal Calificador, había solicitado previamente cambiar de puesto para ocupar la parte de Operaciones, cargo que quedaba vacante tras dichas dimisiones”.
Pero, debido a el escándalo suscitado con el examen, esta petición, inicialmente concedida, habría sido retirada tras un «tirón de orejas» interno. La coincidencia temporal entre la publicación de las notas y las dimisiones “refuerza la percepción de que nada ocurre por casualidad”, señalan las oposiciones.
Inseguridad jurídica y “sensación de indefensión”
Actualmente, denuncian a LA BANDERA, “se está produciendo una oleada de recursos de alzada y solicitudes de revisión de exámenes, en los que reclamamos copia de las pruebas y una nueva corrección independiente. Afirmamos no estar de acuerdo con las calificaciones obtenidas y mantenemos serias sospechas sobre su veracidad”.
La resolución tampoco especifica qué órgano o persona resolverá los recursos de alzada. Todo apunta a que la Dirección del Departamento de Recursos Humanos de la AEAT, a cargo de María Consuelo Sánchez García, sería la responsable, área que ya firma resoluciones de naturaleza similar.
Este hecho, unido a informaciones periodísticas que vinculan a la actual directora con el denominado “caso Aldama”, aumenta la preocupación ante el proceso selectivo.
Por ello, los opositores “denunciamos encontrarnos en una situación de indefensión ante un procedimiento lleno de irregularidades y carente de garantías, que no solo nos perjudica a nivel personal, sino que además erosiona la credibilidad de la Administración y de sus procesos selectivos”.
Llamamiento a la transparencia
Finalmente, “hacemos un llamamiento a la sociedad para que se exijan explicaciones claras y responsabilidades a los órganos implicados. Solo con transparencia y rigor podrá recuperarse la confianza en un proceso que debería regirse por los principios de igualdad, mérito y capacidad”.
