Tras días de desobedecer el mandato judicial, da un ultimátum a Presidencia y exige también nóminas completas y los viajes pagados con dinero público a la asesora
Tras el foco mediático de los encarcelamientos de Ábalos y Koldo por el «caso PSOE» ha pasado prácticamente inadvertido otro nuevo escándalo, que Presidencia del Gobierno haga durante días oídos sordos a un requerimiento judicial y se exponga a la imputación de un delito de desobediencia.
El juez instructor del «caso Begoña Gómez» advirtió este jueves a la Presidencia del Gobierno que incurre en un posible delito de desobediencia si no envía inmediatamente las agendas de la imputada y de su asesora Cristina Álvarez.
A través de una providencia conocida por Europa Press, el magistrado del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid reclama “nuevamente a Presidencia del Gobierno” toda la documentación solicitada o que expliquen por qué aún no la han remitido.
“Apercibiéndoles que en caso de no remitirlo ni alegar las causas que imposibilitan su remisión, se podría incurrir en un delito de desobediencia”, subraya el juez.
Quiere investigar nóminas y viajes con fondos públicos
El instructor ya encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizar esas agendas para “determinar si las citas, reuniones, traslados, viajes, etc., realizadas por ambas a la vez, o solo por Álvarez, estaban en relación a actividades personales o profesionales de Gómez”.
Además, exige todos los antecedentes sobre el nombramiento de asistentes de cónyuges del presidente del Gobierno, con detalle de puestos, funciones y número de personas contratadas al mismo tiempo.
El juez también reclama los datos salariales actualizados de Cristina Álvarez, incluidas nóminas, complementos y costes sociales, junto a cualquier variación en su relación laboral.
Por último, requiere toda la información sobre los viajes de la asesora pagados con fondos públicos desde su contratación, especificando el “uso de medios públicos (coche oficial, servicio de chófer, datos de posibles personas dependientes jerárquicamente de Álvarez)”.
Moncloa dispone ahora de un plazo corto para cumplir o justificar la negativa antes de que el juez active medidas más graves.
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