Varias informaciones publicadas afirman que parte del material digital habría quedado fuera del alcance inmediato de los investigadores
El 10 de junio de 2025, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo un registro en el domicilio del exministro de Transportes José Luis Ábalos, situado en Valencia, dentro de la investigación judicial que le afecta. Durante la actuación policial, se produjo un episodio que ha generado especial controversia: el presunto intento de ocultar un pendrive y otros dispositivos digitales antes de que fueran intervenidos por los agentes.
Tensión durante el registro policial
Según el testimonio de una mujer presente en la vivienda en el momento de la entrada de los agentes, el exdirigente socialista reaccionó con preocupación ante la posibilidad de que determinados soportes informáticos quedaran en manos de la UCO. Al parecer, consideraba que contenían información sensible relacionada con su etapa como secretario de Organización del PSOE.
La testigo relató que fue despertada por el propio Ábalos cuando comenzó el registro. En medio de un amplio despliegue policial y con asistencia letrada vinculada a su anterior defensa, el exministro le habría entregado de manera apresurada un disco duro externo con la intención de que lo ocultara.
De acuerdo con su versión, los agentes detectaron movimientos sospechosos y lograron incautar uno de los dispositivos antes de que la mujer abandonara el inmueble. Sin embargo, esa maniobra habría permitido que otro soporte de memoria —un pendrive— no fuera localizado en ese primer momento, tal y como avanzó el diario The Objective.
Incautación de 34 evidencias digitales
Pese a ese supuesto intento de ocultación, la actuación policial concluyó con la intervención de un volumen considerable de material tecnológico. En total, la UCO incautó 34 evidencias digitales, entre discos duros externos, memorias USB, tarjetas SIM y libretas con anotaciones personales.
Además, los agentes realizaron el clonado de tres teléfonos móviles en el propio domicilio, con el objetivo de preservar posibles comunicaciones relevantes para la causa.
Entre los dispositivos intervenidos destacó un USB identificado con la inscripción de Fiadelso, fundación vinculada al exministro. Ante el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, Ábalos defendió que el contenido de esos soportes correspondía a documentación de carácter personal y parlamentario.
No obstante, el relato de los hechos durante el registro sugiere que la inquietud por el material incautado podría ir más allá de simples archivos privados.
Comunicaciones previas y contactos relevantes
El episodio del registro coincide, según el mismo testimonio, con una intensa actividad de comunicaciones en los días previos a su ingreso en el centro penitenciario de Soto del Real.
En ese periodo, Ábalos habría mantenido contacto frecuente con su entorno más cercano, entre ellos su hijo Víctor Ábalos y su asesor Koldo García. Para evitar el control sobre los teléfonos intervenidos, supuestamente utilizaba el ordenador portátil de su hijo.
Desde ese equipo se habría producido incluso una videollamada con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, en la que, según esta versión, se trató una presunta transferencia económica.
Manejo de efectivo y ruptura temporal de relaciones
El testimonio también apunta a un supuesto manejo habitual de grandes cantidades de dinero en efectivo. Según esta declaración, el exministro guardaba billetes de alta denominación —200 y 500 euros— en una cartera que transportaba dentro de una mochila de piel, dinero con el que habría abonado reformas en su vivienda de Valencia.
Tras el registro de la UCO, la relación entre Ábalos y la testigo se habría resentido debido al temor a posibles consecuencias legales por el intento de ocultar el dispositivo. No obstante, el contacto se retomó posteriormente y se mantuvo hasta pocos días antes de su entrada en prisión.
Impacto político y posibles consecuencias
El registro de la UCO no solo centra la atención en los indicios económicos bajo investigación, sino también en el alcance real de la documentación digital que el exministro habría tratado de preservar.
La relevancia de esos archivos podría tener implicaciones políticas, especialmente por su vinculación con la estructura interna del PSOE durante los años en los que Ábalos ejerció responsabilidades orgánicas de máximo nivel.
La evolución de la investigación determinará si el contenido de los dispositivos incautados tiene trascendencia penal o política, y si el supuesto pendrive no localizado en el primer momento puede convertirse en una pieza clave del caso.
