Josep Maria Busquets, antes de integrarse en la Comisión de Garantía y Evaluación de eutanasias, la tachó previamente de ‘contraproducente’
Josep Maria Busquets, un facultativo de los que autorizaron la muerte de Noelia Castillo, afronta una querella penal por prevaricación. Busquets divulgó un artículo de opinión que publicó en marzo de 2021, convertido ahora en pieza central de una denuncia presentada por la Fundación Española de Abogados Cristianos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Busquets, escribió entonces que los controles previstos en la ley de eutanasia eran «claramente contraproducentes», que «no aportan valor añadido» y podían «aumentar el sufrimiento del enfermo». Aunque también criticó la capacidad técnica de esos órganos de control, meses después, él mismo se incorporó como secretario de esa misma Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña (CGEC).
Ok Diario recoge que Abogados Cristianos emplearon ese editorial como evidencia de sesgo ideológico en la querella interpuesta el 23 de septiembre de 2025. En julio de 2021, el entonces consejero de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon, firmó el nombramiento de Busquets como como secretario de la CGEC. Este acto administrativo constituye, según la querella, el origen del presunto delito de prevaricación en la contratación de personal público, tipificado en el artículo 405 del Código Penal.
La juez que autorizó la eutanasia tumbó otra querella vinculada
Mientras la querella principal sigue su tramitación en el TSJ de Cataluña, la Fiscalía de Barcelona solicitó en las últimas horas el sobreseimiento de una causa paralela pero estrechamente vinculada al mismo expediente
Se investigó a otros dos integrantes de la comisión —un médico y una abogada— a quienes la misma fundación de Abogados Cristianos acusó por presuntos delitos de prevaricación y falsificación de documentos públicos. De acuerdo a esta acusación, ambos habrían admitido en el tribunal que «fingieron un desacuerdo que no existía para obligar a que la decisión se lleve al pleno» de la CGEC.
Esa maniobra, según la asociación demandante, «modificó el procedimiento establecido por ley y blindando administrativamente la autorización«. Pero la juez de Barcelona, que ya había aprobado la eutanasia de Noelia en primera instancia desestimó cualquier irregularidad.
