Este ajuste podría haberle proporcionado más puntos y facilitar la obtención del apoyo destinado a agricultoras
Un agricultor ubicado en Almería habría decidido modificar su género en el registro civil con el fin de obtener los subsidios de la PAC (Política Agraria Común) que buscan aumentar la participación femenina en el ámbito agrícola.
Este proceso se llevó a cabo después de haber fracasado en al menos tres solicitudes previas. Sin embargo, luego de cambiar de masculino a femenino, el expediente consiguió puntos extra en el sistema de adjudicación y logró recibir la subvención.
El sistema de puntuación en las ayudas tiene como objetivo equilibrar la participación femenina en un sector donde históricamente han recibido menos ayudas y beneficios. El agricultor realizó este cambio bajo el amparo de la llamada ‘Ley Trans‘, de 2023 y que permite una modificación legal del sexo registrado en un período aproximado de tres meses.
Respuesta ministerial: ‘la ley lo permite’
Según fuentes del sector citadas por ABC, no es un hecho aislado; hay ejemplos similares de individuos que han cambiado su registro civil con el fin de obtener ventajas en subsidios para integrarse en la agricultura.
Hasta ahora, las asociaciones agrícolas han expresado sus preocupaciones al Ministerio de Agricultura, pero la respuesta oficial se limita a indicar que «la ley lo permite».
¿Quién me asegura que ese hombre no es mujer?
Por su parte, la presidenta de Asaja Almería, Adoración Blanque, defendió esta semana en varias entrevistas con medios de comunicación que no se debe condenar la acción particular del agricultor, pues es legal y responde a una necesidad económica específica.
«Si la legislación me permite hacer cosas como esta, lo que debe hacerse es una revisión de la normativa y un control por parte de los organismos competentes», precisó Blanque, quien también subryaó que, si el registro público reconoció su cambio de sexo: «¿Quién me asegura que ese hombre no es mujer?», se preguntó.
La presidenta de Asaja admite que son casos aislados, advierte que esto ya ha ocurrido y no se puede prever hasta qué punto podrían escalar, pero lo que evidencian estas circunstancias es la necesidad de reconsiderar la legislación y mejorar los mecanismos de control administrativo.
