La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, comunicó oficialmente la recepción de la solicitud y la remitió a la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI)
El Parlamento Europeo ha iniciado este miércoles el procedimiento para estudiar la retirada de la inmunidad parlamentaria de Alvise Pérez, líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), en respuesta a un suplicatorio remitido por el Tribunal Supremo español.
La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, comunicó oficialmente la recepción del documento en el pleno de Estrasburgo y lo remitió a la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI), encargada de analizar este tipo de peticiones.
Este paso abre la puerta a que la Justicia española pueda continuar las investigaciones abiertas contra el polémico político y tuitero, conocido por su estilo combativo y sus constantes enfrentamientos con los medios, recuerda Ok Diario.
Cuatro causas abiertas en España
El Supremo mantiene activas cuatro investigaciones sobre Alvise Pérez:
- Presunta financiación ilegal de su partido Se Acabó La Fiesta en la campaña de las europeas de 2024, tras recibir 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo, alias CryptoSpain.
- Difusión de un PCR falso del exministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa.
- Acoso en redes sociales a la fiscal delegada para delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert.
- Hostigamiento a exmiembros de su propio partido que rompieron con SALF tras las elecciones.
El caso más avanzado es el de financiación irregular, el origen del suplicatorio actual.
¿Cómo funciona un suplicatorio a la Eurocámara?
La suspensión de la inmunidad de un eurodiputado comienza cuando una autoridad nacional presenta un suplicatorio al Parlamento Europeo.
La presidencia lo comunica al Pleno y lo remite a la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI), que investiga el caso solicitando información y escuchando al eurodiputado implicado, quien puede aportar pruebas o documentos.
El proceso es confidencial y no tiene un plazo fijo, recuerda Euronews, ya que cada caso se analiza individualmente.
Tras la investigación, la JURI formula una recomendación sobre si procede o no levantar la inmunidad, y el Parlamento vota en sesión plenaria. Luego, la presidencia informa tanto al eurodiputado como a la autoridad solicitante.
Si se aprueba la suspensión, las autoridades nacionales pueden continuar con el procedimiento judicial. No obstante, el eurodiputado mantiene su escaño, ya que la medida no implica culpabilidad, sino que solo permite que la justicia siga su curso.
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