El Estado de Derecho, régimen propio de las sociedades democráticas y garante de nuestros derechos fundamentales y libertad, peligra porque los designios del PSOE se están cumpliendo acorde con el guion. Observen cómo parte de la sociedad, la más lobotomizada y adoctrinada, se lanza al cuello de un juez, cuyo único «pecado» ha sido ejercer su oficio, porque la procesada es, como diría Pablo Iglesias en referencia a Ana Botella, la mujer de (Usted no sabe quién soy yo).
Aunque eso suponga demoler un pilar fundamental de la democracia como lo es la igualdad ante la ley. Aunque eso suponga (más grave aún) sustituir el imperio de la ley por la oclocracia, gobierno de la muchedumbre dirigida por los demagogos. Aunque eso suponga que el juicio se dé en un plató de televisión (bien engrasado con publicidad institucional) y no en el juzgado competente. Aunque eso suponga el descrédito de nuestras instituciones, que perderán toda su credibilidad ante la ciudadanía.
De esta forma, los jueces, custodios de la justicia, nos son presentados como meros peones de esa entelequia llamada fachosfera, franquistas con toga que actúan de forma arbitraria porque no toleran el gobierno de progreso (será progreso para ellos y sus carteras) y que querrían hacernos retroceder 40 años, prevaricadores al servicio de la ultraderecha (bestia mitológica que sirve para definir a cualquiera que no piense como ellos).
Y no es necesario que toda la población tenga conocimientos jurídicos cuando los poderes se respetan sin invadir las competencias de otros. Antaño pudimos delegar eso y centrarnos en nuestras vidas porque suponíamos que aquellos a quienes habíamos elegido eran honrados. Bastaba con saber que el legislativo crea las leyes y el poder judicial las ejecuta.
El PSOE Y LA IMPUNIDAD
El problema inició cuando el PSOE y sus socios, buscando su propia impunidad, deslegitimaron a los jueces, para evadir la acción de la justicia y evitar que su acción sea fiscalizada. Y todo ello jaleado desde sus terminales mediáticas y con el aplauso cómplice de los oligofrénicos que en pleno siglo XXI siguen siendo de izquierdas.
Lo que estamos viviendo es la consecuencia de hacer leyes a la carta, aunque sean inconstitucionales tal y como lo es la amnistía para poder gobernar. La consecuencia del vergonzante reparto del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas o el Tribunal Constitucional. La consecuencia de emplear a este último como puerta trasera para deslegitimar al Supremo. La consecuencia del indulto a los corruptos, tal y como sucedió en los ERE de Andalucía. La consecuencia de mediatizar un caso como el de la Manada de Pamplona señalando públicamente a «jueces díscolos» porque la sentencia judicial no se corresponde con la «sentencia popular» (si es que tal cosa existe). La consecuencia de leyes ideológicas que no responden a los problemas de la ciudadanía. La consecuencia de ministros reconvertidos en agitadores señalando a jueces desde los micrófonos de sus vasos comunicantes.
Triste. Esto es muy triste. Pobre España.
