El Gobierno de Aragón impulsará pruebas forenses para verificar la edad de los inmigrantes
El Gobierno de Aragón ha anunciado que solicitará pruebas forenses de determinación de edad a los menores extranjeros no acompañados (menas) cuando existan indicios de irregularidades en su documentación. La medida ha sido promovida por el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Alejandro Nolasco, de VOX, tras detectarse varios casos de presunto fraude relacionados con la edad declarada de algunos jóvenes acogidos.
Un supuesto menor de 13 años resultó tener alrededor de 20 años
Uno de los casos más recientes se produjo después de que el Gobierno central derivara a Aragón a un joven procedente de Mauritania, identificado inicialmente como un menor de 13 años. El traslado se llevó a cabo desde Canarias en el mes de febrero dentro del sistema de acogida gestionado por el Estado.
Tras revisar la documentación y detectar posibles inconsistencias en el expediente, los servicios de la Consejería de Bienestar Social y Familia solicitaron una prueba biológica para verificar su edad. La actuación se enmarca en las medidas acordadas entre PP y VOX en el pacto de gobierno firmado a mediados de abril.
El Instituto de Medicina Legal confirmó la mayoría de edad
El Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) realizó los análisis correspondientes y concluyó que la edad real del joven se situaba en torno a los 20 años, descartando así que se tratara de un menor de edad.
A raíz de este informe, el Ejecutivo autonómico procedió a excluir al individuo del sistema de protección destinado a menores extranjeros no acompañados, al considerar acreditada su mayoría de edad.
Coste económico para las arcas públicas
Según ha señalado el vicepresidente Alejandro Nolasco, la estancia de esta persona en un centro de acogida para menores habría supuesto un coste aproximado de 13.000 euros para las arcas públicas aragonesas.
Desde el Gobierno regional defienden que la realización de pruebas forenses en casos sospechosos permitirá garantizar una correcta gestión de los recursos públicos y asegurar que los sistemas de protección estén destinados exclusivamente a quienes cumplen los requisitos legales para acceder a ellos.
