La juez concluye que los agentes, ninguno de servicio ese día, no tenían las órdenes ni el deber de detener al prófugo
Un juzgado de Barcelona archivó este martes la causa que investigaba a tres agentes de los Mossos de Escuadra por su presunta participación en la huida del fugitivo reclamado por la Justicia, Carles Puigdemont, el 8 de agosto de 2024, día de la investidura de Salvador Illa como presidente regional.
Puigdemont, cabecilla golpista separatista regional, está a medio amnistiar por Sánchez, pero aún se le reclama por el delito de malversación. En ese contexto, la magistrada concluyó que, tras agotar todas las diligencias, no encontró indicios de que los tres agentes facilitaran la huida del fugitivo.
La juez descarta indicios de encubrimiento o coordinación
La juez considera que, tras practicar todas las diligencias no se aprecian, en los tres imputados, ninguna “conducta omisiva” que facilitara la huida del fugitivo Puigdemont, sobre quien pesaba una orden de detención por parte del Supremo.
En concreto, la resolución indica que tampoco se aprecia que los agentes promovieran “el incumplimiento de la orden de detención que contra él estaba vigente”.
Finalmente, añade que los imputados “carecían de competencia para ordenar la detención, y, por otro lado, no constando que hubieran recibido órdenes en tal sentido no tenían el deber de materializarla”.
La fuga de Puigdemont del 8 de agosto de 2024 en Barcelona
El 8 de agosto de 2024, coincidiendo con la investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalidad de Cataluña, Puigdemont reapareció brevemente en Barcelona para dar un discurso en el Arco del Triunfo, pese a que el Tribunal Supremo mantenía una orden de detención contra él.
Ninguno de los tres mossos investigados estaba de servicio ese día: uno estaba de baja por enfermedad, otro de permiso y el tercero de vacaciones. Tras el discurso, Puigdemont subió a un vehículo cuyo titular era uno de los investigados y logró huir hacia Francia.
La asociación cívica Hazte Oír presentó una querella contra los tres agentes, que fueron detenidos y suspendidos de empleo y sueldo durante meses mientras persistía la investigación.
