La gran mayoría de ciudadanos considera que este delito es un “auténtico problema social” y que las penas existentes son demasiado laxas
La aseguradora Línea Directa acaba de realizar una amplia encuesta nacional centrada en el problema de la okupación, agravada desde la entrada de la nueva Ley de la Vivienda.
Han sido 1.700 entrevistas a españolas con las que se ha elaborado un estudio denominado: “Los españoles ante la okupación”; y es que la okupación es un delito que preocupa mucho a los españoles. Así lo asegura este informe, que refleja un deseo por parte de los encuestados de endurecer las penas para frenarlo.
En concreto, el 77% de los consultados considera que la okupación es un auténtico problema social y que el 73% cree que las penas por este delito son muy laxas y no existe seguridad jurídica.
Causas que han provocado la okupación
Entre las causas que, según los datos de Línea Directa, han provocado que la okupación se perciba como un problema importante están:
- Lentitud de la Justicia para resolver estas situaciones (28%).
- La permisividad social (25%)
- La falta de vivienda (23%).
- La pobreza (10%).
- Las mafias (8%).
Mar Garre, directora de Comunicación de Línea Directa Aseguradora, ha explicado que el proceso de desahucio para expulsar a un okupa es “un trámite complejo que se alarga en el tiempo”. De media, ha explicado que dura casi dos años, unos 20 meses. Para agilizarlo, el 53% de los encuestados apoyarían que se pudiera proceder al desalojo por parte de la policía sin orden judicial en caso de que no se demuestre “in situ” la propiedad o la existencia de un contrato vinculante.
“Adopta a mi okupa”
Ya el pasado año, un colectivo de afectados por la okupación, la Plataforma de Afectados por la Okupación invitaba a aquellos que no ven a los okupas como un problema a adoptar a los suyos y sufrir su calvario. Lanzó la campaña “Adopta a mi okupa”. El fin fue el de denunciar la situación de muchas personas expulsadas de sus hogares de forma ilegal y pedir medidas duras contra esta práctica. Por desgracia, la respuesta desde la Administración ha sido justo la contraria.
Existe evidentemente y a tenor del informe de Linea Directa un gran enfado en la sociedad que no es nuevo. Hoy se exige que se endurezcan las medidas contra la práctica llevada a cabo por los okupas, que deja a muchísimas personas en una situación de vulnerabilidad, y que incluso están amparados por la ley, puesto que pueden okupar la casa si no la asaltan con violencia.
Estadística demoledora
Aunque para la izquierda y la ultraizquierda política de España, la okupación no es un problema. Lo cierto es que entre 2018 y 2022 se han registrado 75.000 denuncias por okupación, según los datos del Ministerio del Interior y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lo que supone un aumento del 37%.
Además, como explica la directora de Comunicación de Línea Directa, Mar Garre, cuando se okupa una vivienda, en la localidad o el barrio en que ocurre “se genera una situación de gran inseguridad“.
Los datos recabados por Línea Directa aseguran en este sentido que uno de cada cuatro españoles teme que su casa pueda ser okupada, mientras que casi un tercio de la población española (31%) afirma conocer directa o indirectamente a alguien que ha sufrido la okupación de algún inmueble de su propiedad.
Los cambios de la Ley de la Vivienda
La Ley de la Vivienda ha aprobado ciertas modificaciones en este sentido, pero van en dirección contraria a las demandas de los empañoles.
Los cambios que influyen en el procedimiento de desahucio son los siguientes:
- El propietario que inicie un trámite para recuperar su propiedad deberá acreditar que ha habido un procedimiento de conciliación o intermediación entre las dos partes; la Administración pública competente cooperará para ofrecer las ayudas o subvenciones que existen en materia de vivienda para llegar a un acuerdo. Si no se acredita, la demanda de desahucio será desestimada.
- La policía deberá comunicar día y hora del desahucio y no podrá intervenir por sorpresa.
- Flexibilizar los desahucios por impago de rentas.
La fuerza política que se ha manifestado claramente contra la okupación es VOX, que propone la eliminación de la protección de los okupas ilegales, tanto cuando ha existido un contrato previo como cuando no, en los procedimientos de desahucio. VOX rechaza aquellas medidas encaminadas a amparar la ocupación ilegal.
VOX también propone reformar tanto el Código Penal como las Leyes de Enjuiciamiento Criminal y Civil con el propósito de proteger a los propietarios que sufren la acción de las mafias de ocupación ilegal o la entrada de intrusos en su vivienda.
