Bizkaia sospecha que un centenar de adultos ocupan plazas de menores de forma fraudulenta
La Diputación de Bizkaia ha elevado la voz ante una situación que ya califica de crítica: alrededor de un centenar de personas presuntamente adultas estarían ocupando plazas en los centros de acogida destinados a menores extranjeros no acompañados (menas) en el territorio vizcaíno. La cifra fue desvelada este domingo por la diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi, y confirmada este lunes por la diputada general, Elixabete Etxanobe, en una entrevista en Onda Vasca.
Etxanobe ha exigido a la Fiscalía y a la Policía Nacional que practiquen pruebas de determinación de edad a los individuos en cuestión, una medida que ya se aplica en otras comunidades autónomas pero que, de forma llamativa, todavía no se realiza de manera sistemática en Euskadi pese a ser «el territorio más tensionado de todo el Estado» en esta materia.
«No hay control» en la llegada de menas que deberían estar tutelados en otras comunidades
La diputada general fue especialmente dura al describir la situación de descontrol que sufre el sistema de acogida vizcaíno. Etxanobe denunció que, pese a que hace unos meses se estableció una cuota de reparto entre comunidades autónomas por parte del Gobierno de España —una cuota que eximía a Euskadi de recibir más menas, precisamente por tener el sistema al límite—, siguen llegando al territorio jóvenes «que deberían estar tutelados en otras comunidades».
«No hay control», repitió la responsable del Gobierno foral, añadiendo: «No podemos entender cómo, siendo el territorio más tensionado de todo el Estado, aquí todavía no se hacen pruebas de edad cuando en otras comunidades autónomas se realizan». Según los propios datos internos de la Diputación, cerca de un 20% de todos los menas atendidos en Bizkaia podrían ser, en realidad, adultos que falsean su edad para acceder a un sistema diseñado y financiado para menores vulnerables.
El sistema, al borde del colapso: «Somos el último eslabón de la cadena»
Etxanobe describió a la Diputación de Bizkaia como «el último eslabón de una cadena» que no tiene «herramientas para limitar el número de personas que acogemos». La institución foral cumple sus obligaciones legales y morales, pero reclama ayuda a otras instancias del Estado que «pueden y deben» colaborar en desatascar un sistema que acumula presión sin que nadie en Madrid mueva un dedo.
La diputada general también señaló que la presencia de adultos en plazas reservadas a menores «afecta muy negativamente a los trabajadores del sistema y a los menores autóctonos del territorio, cuyas necesidades están incrementándose de forma muy considerable». Dicho de otro modo: los recursos pensados para los jóvenes vascos más vulnerables están siendo consumidos por personas que, presuntamente, no deberían estar ahí.
Críticas al «nulo interés» de otras comunidades por asumir su parte de la carga
Etxanobe no ahorró críticas a los dirigentes de otras comunidades que, a su juicio, han mostrado «nulo interés por cumplir con sus obligaciones» en materia de acogida. Sin embargo, matizó que la institución que preside seguirá asumiendo sus responsabilidades —porque lo considera «una obligación moral»— siempre que las demás instancias también asuman las suyas.
«Una cosa es tener un deber ético y querer hacerlo, y otra cosa es que asumamos en nuestras espaldas toda la carga sin ningún tipo de atención o voluntad por parte de otras instancias que también tienen mucho que decir y que tienen las competencias», advirtió la diputada general vizcaína.
El problema de los falsos menas, una bomba de relojería en toda España
El fenómeno de los presuntos adultos que se hacen pasar por menores para acceder al sistema de protección no es exclusivo de Bizkaia. Se trata de una realidad que afecta a toda España y que ha generado una alarma creciente en municipios y comunidades autónomas de todo el territorio. Los menores extranjeros no acompañados cuestan una media de más de 4.500 euros mensuales por plaza, lo que convierte el abuso del sistema en un fraude de enormes proporciones al erario público.
Como ha publicado La Bandera en anteriores informaciones, las protestas vecinales contra la instalación de centros de menas se han multiplicado en toda la geografía española en los últimos meses, desde Albacete hasta el País Vasco, pasando por Cataluña y la Comunidad de Madrid. Los ciudadanos perciben que el sistema está siendo explotado y que las administraciones locales y autonómicas son incapaces —o no quieren— poner coto al problema.
La demanda de un control real sobre la edad: una medida de sentido común
La petición de Bizkaia para que se apliquen pruebas de edad de forma sistemática es una demanda de puro sentido común que debería ser compartida por todos los partidos políticos. Si el sistema de protección de menores existe para proteger a los jóvenes vulnerables, permitir que lo monopolicen adultos que mienten sobre su edad supone una doble injusticia: se defrauda al sistema y se priva de recursos a quienes de verdad los necesitan.
Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha evitado sistemáticamente abordar esta cuestión con la seriedad que merece. La exigencia de VOX para que se apliquen pruebas de edad a todos los menas en toda España y el silencio del Ejecutivo ante esta demanda resume bien la irresponsabilidad de quienes priorizan el relato progresista sobre la realidad de los hechos.
