Tenían un patrimonio de 22 vehículos, 16 inmuebles y terrenos, varias empresas tapadera y 32 cuentas corrientes
La Guardia Civil desarticuló un clan familiar que blanqueó más de 1,5 millones de euros procedentes del tráfico de drogas y la venta de armas en Cantabria. Los agentes detuvieron a once personas —seis hombres y cinco mujeres— integrantes de esta organización criminal, que combinaba el narcotráfico, la tenencia ilícita de armas y el lavado de capitales.
El comunicado de Interior no aportó la nacionalidad de los detenidos.
Narcotraficantes con un gran entramado patrimonial
La investigación comenzó el pasado verano en la comarca del Besaya, cuando los efectivos detectaron la posible circulación de armas de fuego de origen ilícito en el entorno de este mismo grupo familiar. Los investigadores descubrieron que la red distribuía droga al menudeo desde varios puntos activos tanto en el Besaya como en Santander.
Además, constataron que sus miembros introducían droga en la cárcel de El Dueso (Santoña), aprovechando las visitas a los internos. En una de esas visitas, los agentes detuvieron a una mujer cuando intentaba introducir hachís en el recinto.
Durante los registros en seis domicilios, locales anexos y empresas, los guardias civiles intervinieron cerca de 100.000 euros en efectivo, cinco armas de fuego y varias armas blancas, munición, distintas cantidades de cocaína, hachís y marihuana y útiles para la dosificación. También se requisaron unos 2,5 kilos de joyas de oro y abundante documentación pendiente de análisis.
Clan familiar con 22 vehículos 16 inmuebles y terrenos y 32 cuentas corrientes
Los efectivos llevaron a cabo entradas y registros en seis viviendas y anexos en los municipios de Torrelavega, Santander y Castañeda, donde detuvieron a los presuntos responsables. También inspeccionaron el entramado empresarial y otras propiedades en Viérnoles, Corrales de Buelna y Suances.
Los investigadores observaron que los sospechosos acumulaban un elevado número de bienes —vehículos, inmuebles y empresas— que no se corresponen con sus supuestas actividades laborales. Esta discrepancia les hizo sospechar que aquellas propiedades constituían el fruto del blanqueo de los beneficios obtenidos mediante sus actividades ilícitas.
La organización poseía 22 vehículos, algunos de alta gama, 16 inmuebles y terrenos, que los agentes intervinieron. Asimismo, solicitaron el bloqueo de 32 cuentas bancarias.
Entre los negocios utilizados para dar apariencia de legalidad a las ganancias figuraban un servicio de alquiler de vehículos con escasa actividad real y varios comercios minoristas.
