Usaban contratos de trabajo y empadronamientos falsos y personas de aspecto físico similar a los solicitantes para los trámites presenciales
Ofrecían documentación falsa e incluso dobles para trámites presenciales. Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera, han desarticulado una organización criminal en Zaragoza, integrada por españoles, argelinos y marroquíes, que vendían documentación falsa a inmigrantes ilegales para regularizar su situación en España
Esta red habría beneficiado a más de 5.000 ilegales, cobrando hasta 10.000 euros por documentos falsificados. La operación resultó en la detención de 61 individuos de origen español, argelino y marroquí en diversas provincias, incluyendo Zaragoza y Barcelona, entre las cuales se encontraban los líderes de la organización.
La organización operaba a nivel internacional desde Zaragoza y tenía conexiones en otras provincias como Alicante y Murcia, captando inmigrantes de diversas nacionalidades y guiándolos en los trámites necesarios para regularizar su situación.
Se detectaron múltiples solicitudes con documentación falsa
La investigación comenzó al detectar un aumento en las solicitudes de residencia temporal por parte de inmigrantes en situación irregular que, en gran cantidad, incluían documentos falsos que intentaban demostrar el cumplimiento de requisitos legales para la obtención de permisos de residencia.
La red de la organización contaba con colaboradores que ayudaban a identificar extranjeros buscando regularización. Se ofrecía la gestión de autorizaciones de residencia sin necesidad de que los ilegales se desplacen físicamente, utilizando copias de documentos como pasaportes y empadronamientos falsos.
Para crear estos empadronamientos fraudulentos, se empleaban métodos que incluían la falsificación de documentos de identidad y recurrían también a tramitaran personalmente en el proceso individuos con parecido físico a los interesados, evitando su presencia real en el proceso.
Para trámites presenciales, usaban gente de aspecto físico similar a los ilegales solicitantes
También se hallaron empresas pantalla que justificaban ingresos falsos y formalizaban contratos de trabajo inexistentes que servían para aportar documentación válida en las solicitudes de residencia, aunque eran anulados poco después.
Los pagos por estos servicios oscilaban entre 600 y 10.000 euros dependiendo del tipo de documento que se necesitara. Se estima que más de 5.000 inmigrantes han recibido documentación para iniciar su regularización en España gracias a esta organización.
Durante la operación se realizaron registros en domicilios de Zaragoza, donde se confiscó dinero en efectivo y documentos falsos; la operación sigue abierta, con la posibilidad de más detenciones.
