Las Islas Canarias continúan siendo el principal punto de entrada a Europa de la inmigración ilegal procedente del África subsahariana y del Magreb. Los datos que registra el archipiélago en las primeras semanas de 2026 confirman la tendencia de años anteriores: las llegadas ilegales en cayuco o patera no sólo no se detienen, sino que consolidan el drama humanitario y social que sufren unas islas desbordadas por una crisis que el Gobierno central se niega a atajar con medidas efectivas.
Las imágenes de pateras arribando a costas de Lanzarote, Fuerteventura o El Hierro se han convertido en algo cotidiano. Detrás de cada embarcación hay vidas humanas en riesgo y, también, la evidencia de que las redes de tráfico de personas operan con impunidad porque saben que la llegada a suelo español equivale a la apertura de un proceso de regularización que raramente concluye con la expulsión del territorio.
El efecto llamada de las políticas de Sánchez, denunciado una vez más
Desde que Pedro Sánchez llegó al poder en 2018, el número de llegadas ilegales a España no ha hecho más que crecer. El propio presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha denunciado en reiteradas ocasiones que la política migratoria del Ejecutivo central genera un inequívoco efecto llamada: las mafias conocen perfectamente que España no expulsa a quienes llegan ilegalmente y que el sistema de protección ofrece alojamiento, manutención y asistencia sanitaria sin contrapartida efectiva.
Las declaraciones de Clavijo —en las que ha llegado a exigir al Gobierno que declare el estado de emergencia en las islas— contrastan con la inacción de Sánchez, que prefiere hablar de «solidaridad» y «cogestión europea» antes que adoptar las medidas de retorno y acuerdos de readmisión que permitirían reducir el flujo de llegadas.
Los centros de acogida, saturados más allá de su capacidad
La saturación de los centros de acogida en Canarias es un problema estructural que lleva años sin resolverse. Los recursos diseñados para albergar a unos pocos cientos de personas acaban acogiendo a miles, en condiciones que ponen en riesgo tanto a los propios migrantes como a los trabajadores de los centros y a los vecinos de las zonas donde se ubican estas instalaciones.
Los menores extranjeros no acompañados (menas) que llegan a las islas son derivados —cuando hay plazas disponibles— a centros del resto del territorio nacional. Pero la capacidad del sistema está al límite, como han denunciado territorios como Bizkaia, que se declara «el más tensionado de toda España» en materia de acogida de menas.
Las mafias de tráfico de personas, beneficiadas por la política de puertas abiertas
Cada patera que llega a Canarias sin que sus ocupantes sean devueltos al país de partida es un anuncio para las redes criminales de que el negocio sigue siendo rentable. El precio por cruzar el Atlántico hasta las islas oscila entre los 1.500 y los 3.000 euros por persona, según las organizaciones que trabajan sobre el terreno. Una cifra astronómica para las economías de origen, que demuestra que la travesía está perfectamente organizada y financiada.
Las mafias operan desde Marruecos, Mauritania y Senegal con una profesionalidad que contrasta con la torpeza de las respuestas institucionales europeas. Mientras la Unión Europea sigue debatiendo pactos migratorios que tardan años en implementarse, los traficantes de personas perfeccionan sus rutas y sus métodos.
La oposición reclama acuerdos de retorno inmediatos
La solución que proponen los partidos de la derecha española es clara: acuerdos de readmisión con los países de origen y tránsito que permitan devolver a sus países a quienes lleguen ilegalmente, sin tramitación previa de asilo salvo en casos justificados. Una política de retorno efectiva es, según todos los expertos en control migratorio, el único disuasorio real para las mafias.
Sin embargo, el Gobierno de Sánchez ha preferido apoyarse en la narrativa humanitaria para justificar su inacción. VOX ha exigido el cierre inmediato de las fronteras y la expulsión de todos los inmigrantes ilegales, mientras el PP reclama acuerdos urgentes con los países subsaharianos y una revisión del sistema de asilo europeo.
Canarias no puede seguir siendo la puerta de entrada de Europa sin que el resto del continente asuma su parte de responsabilidad. Y España no puede seguir ofreciendo un modelo de acogida incondicional que funciona como el mayor reclamo posible para quienes quieren cruzar el Atlántico sin papeles. Los miles de millones que España gasta anualmente en acogida podrían destinarse a resolver los problemas reales de los españoles si se aplicara una política migratoria responsable y ordenada.
La solución pasa por la responsabilidad, no por la demagogia
El drama migratorio en Canarias no tiene solución fácil ni rápida. Pero sí tiene solución: acuerdos de retorno reales, cooperación efectiva con los países de origen para atacar las causas estructurales de la emigración, y un sistema de asilo europeo que distinga entre quienes huyen de persecuciones reales y quienes utilizan las rutas del asilo como vía de entrada económica irregular.
Lo que no es solución —y lo que el Gobierno de Sánchez lleva años haciendo— es ignorar el problema, gestionar la llegada masiva como si fuera inevitable, y transferir el coste político y social a las comunidades autónomas y municipios que tienen que lidiar con las consecuencias. Canarias lleva años pidiendo socorro al Estado. El Estado no responde.
