El sistema judicial español ha vuelto a protagonizar un episodio de impotencia administrativa que deja un sabor agridulce en la provincia de Almería. Se ha formalizado el archivo provisional de la causa penal abierta por el salvaje asesinato de una mujer marroquí de 30 años en La Mojonera. El motivo del cese de la instrucción no es la falta de pruebas o de un culpable identificado, sino la huida exitosa del principal sospechoso a Marruecos, un país que tradicionalmente se ha erigido como un santuario para quienes escapan de sus responsabilidades penales en territorio español tras cometer delitos de sangre.
La noticia ha caído como una losa sobre los vecinos del municipio almeriense, que han visto cómo un crimen de extrema violencia se queda, al menos de momento, sin su castigo correspondiente. La víctima fue asaltada en plena vía pública en octubre del año pasado y recibió hasta cinco heridas de arma blanca, una de las cuales afectó a órganos vitales y le causó la muerte instantánea en la calle Lavadero. Este suceso es el vivo reflejo de cómo la policía vuelve a alertar de graves riesgos en la seguridad por la regularización masiva de inmigrantes, puesto que la impunidad de la que gozan ciertos colectivos ante la posibilidad de huir a través del Estrecho genera una alarma social justificada.
«Sobre el asesino fugado pesa una orden de detención internacional, pero el carpetazo judicial en Almería evidencia la fragilidad de nuestra justicia frente a quienes usan la frontera como escudo protector tras sus crímenes.»
Marruecos y la falta de reciprocidad judicial
El archivo de la causa en La Mojonera no es más que la consecuencia directa de una diplomacia débil que ha permitido que el reino de Marruecos sea un territorio donde la justicia española rara vez llega a concretarse. El historial de prófugos que disfrutan de libertad en suelo marroquí tras haber segado vidas en España es extenso y desolador. En esta ocasión, la fiscalía y el juzgado de instrucción se han visto obligados a cerrar el expediente «provisionalmente» a la espera de un arresto que parece cada día más improbable, dada la escasa voluntad de las autoridades alauíes por colaborar en la extradición de sus propios nacionales.
La víctima era una madre de cuatro hijos que se había instalado recientemente en Almería buscando un futuro mejor. Su muerte, con una saña propia de los crímenes de odio o de honor, ha dejado a cuatro niños huérfanos y a un entorno vecinal aterrorizado. La impunidad con la que el sospechoso pudo abandonar España horas después del crimen pone en entredicho la eficacia de nuestros controles fronterizos. No es un caso único; recientemente hemos visto cómo han sido expulsados 5 marroquis por causar alarma social en otras provincias, pero en el caso de Almería, el delincuente ha sido más rápido que el Estado.
Almería: el laboratorio de un fracaso multicultural
Localidades como La Mojonera o El Ejido son hoy en día el epicentro de un fenómeno migratorio que ha superado cualquier capacidad de asimilación cultural. La concentración de población extranjera en barriadas donde la ley de la Sharia parece tener más peso que la Constitución Española está generando focos de criminalidad que las fuerzas de seguridad no pueden contener con los medios actuales. En Madrid, la situación no es mejor, puesto que también investigan la presunta agresion sexual de dos magrebies a una chica en madrid, demostrando que el patrón de delincuencia importada no conoce de límites geográficos.
La justicia no puede ser una cuestión de «geografía conveniente». Un hombre que mata en España debe pagar su pena en una cárcel española. El archivo de esta causa es una bofetada a las víctimas de la violencia de género y un insulto a la memoria de la mujer asesinada. ¿Qué mensaje estamos mandando a los criminales? El mensaje es claro: comete el crimen, cruza el mar y estarás a salvo. Si el Gobierno español no es capaz de exigir el cumplimiento de los tratados de extradición de forma inmediata, la soberanía nacional no es más que una palabra hueca en un discurso político de fin de semana.
Exigencia política de firmeza fronteriza
Desde los sectores defensores del orden se exige una revisión profunda de las relaciones con Rabat. No podemos tratar como «aliado estratégico» a un país que no entrega a los asesinos de personas en nuestro suelo. El asesinato de La Mojonera debería haber provocado una crisis diplomática hasta lograr la captura y extradición del culpable. Sin embargo, la prioridad de la Moncloa parece ser más el contentar a sus socios que proteger a sus ciudadanos. Esta falta de inversión en seguridad se refleja en todos los ámbitos, incluso en infraestructuras básicas, donde se calcula que el 60 por ciento de las presas en espana necesita reformas urgentes segun tecnicos e ingenieros, reflejando una desidia generalizada en la gestión del país.
La Mojonera merece justicia, y esa justicia solo llegará cuando el asesino fugado se siente ante un tribunal español. Mientras tanto, el archivo provisional debe ser solo un paréntesis administrativo y no el final del camino. España debe agotar todas las vías de presión política y económica sobre Marruecos para que el culpable sea entregado. Un país que se respeta a sí mismo no permite que sus crímenes queden impunes por una simple cuestión de fronteras. Es hora de recuperar el orgullo nacional y de garantizar que ninguna vida segada bajo nuestras leyes quede en el olvido por la cobardía diplomática de sus gobernantes.
La sociedad española espera algo más que resignación judicial. Espera una protección real frente a quienes vienen de fuera a despreciar nuestras leyes. Los hijos de la víctima de La Mojonera crecerán sabiendo que el Estado español no fue capaz de traer al asesino de su madre porque éste huyó a su país de origen. Esa es una mancha que ninguna política de integración podrá borrar jamás. La ley y el orden deben volver a ser el norte de nuestra justicia, cruzando océanos si es necesario para alcanzar al culpable.
