El Gobierno asegura que no cambiará la inmersión lingüística aunque el TSJC haya declarado nulos artículos que limitaban el uso del español en las aulas
La Generalidad de Cataluña ha reiterado su compromiso con el modelo de inmersión lingüística y ha anunciado que no modificará la práctica educativa vigente pese a los últimos pronunciamientos judiciales que cuestionan la exclusión del español en algunos centros.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) declaró la nulidad parcial de varios artículos del decreto autonómico que blindaba el catalán como lengua vehicular y ha ordenado la ejecución provisional de pronunciamientos declarativos contenidos en la sentencia, lo que ha reabierto la controversia política y jurídica en la comunidad autónoma.
El Departamento de Educación ha defendido que la decisión no tiene “afectación inmediata” sobre la actividad diaria en los centros, recordando que el decreto estaba suspendido cautelarmente y que la organización de las aulas continúa según criterios ya implantados.
Fuentes del Gobierno de Cataluña han subrayado además su confianza en que el Tribunal Constitucional resolverá las dudas de fondo sobre la normativa y han insistido en que la inmersión es constitucional y forma parte del proyecto educativo catalán.
Garantía del castellano
Organizaciones como la Asamblea por una Escuela Bilingüe celebraron que el alto tribunal haya estimado parte de su recurso y piden que se garantice la enseñanza del castellano “en pie de igualdad” con el catalán, citando la obligación de impartir al menos un 25% de las clases en español que han fijado anteriores resoluciones judiciales.
Por su parte, partidos independentistas y aliados del Gobierno e Cataluña tachan las sentencias de una intromisión en la autonomía educativa y advierten de que recurrirán y mantendrán la defensa del modelo actual.
La disputa abre un nuevo capítulo que deberá dirimirse entre las decisiones judiciales, la eventual resolución del Tribunal Constitucional y la política educativa del Ejecutivo catalán, con impacto directo en centros, familias y comunidades educativas de la región.
