Bruselas recuerda que ‘no puede intervenir en las decisiones operativas nacionales’ y corresponde al Ejecutivo gestionar el reparto de ilegales
Nuevo revés desde Bruselas al Gobierno socialcomunista, encabezado por el yerno de Sabiniano. La Comisión Europea ha dejado claro que no forzará a las regiones gobernadas por el PP a aceptar el reparto de menas ilegales llegados a Canarias, impuesto por el Ejecutivo central.
El partido de extrema izquierda, Sumar, cursó una petición a la Comisión para que una intervención comunitaria obligue a las regiones donde no gobierna la izquierda a aceptar un reparto de ilegales que, según afean desde la oposición, es «político».
Reparto siguiendo criterios políticos y no técnicos, recuerda la oposición
Desde el PP, por su parte, afearon el criterio sanchista del reparto, porque la mayor cantidad de ilegales -y los problemas que generan- recae en regiones donde gobiernan, eludiendo la Comunidad vasca y Cataluña, cuyos nacionalistas apuntalan a Sánchez en Moncloa.
Sumar pretendía que la Comisión actuara como árbitro frente a la negativa de varias autonomías del PP, pese a que el Tribunal Supremo ya había instado al Gobierno socialcomunista a encargarse de la acogida de miles de menas abandonados en el archipiélago. Sin embargo, Bruselas ha cerrado la puerta a esa posibilidad invocada por la ultraizquierda.
La Comisión Europea recuerda que ‘no puede intervenir en las decisiones operativas nacionales’
En una tajante respuesta, recogida por Ok Diario, el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, el austríaco Magnus Brunner, la Comisión sostiene que “no puede intervenir en las decisiones operativas nacionales” y recalca que esas cuestiones “son responsabilidad de las autoridades competentes de los Estados miembros”.
Bruselas insiste en que su papel no va más allá de ofrecer respaldo técnico y financiero, pero no coercitivo. De hecho, la Comisión subraya que no puede atender la solicitud de Sumar de “garantizar que todos los niveles de gobierno cumplan sus obligaciones”.
En otras palabras, la UE recuerda a Sánchez que la gestión migratoria es un asunto interno que debe resolver su propio Ejecutivo. El documento comunitario detalla que corresponde al Ejecutivo español decidir “la ubicación de los centros de acogida, la gestión de dichos centros y la reubicación de menores no acompañados dentro del territorio nacional”.
En este sentido, la ayuda europea se limita al “apoyo financiero a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración”, así como a promover “la coordinación y la cooperación entre todos los niveles de gobierno”.
