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Condenado el Servicio Extremeño de Salud a indemnizar a una mujer que sufrió una trombosis por la vacuna Janssen contra el covid

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La víctima necesitó tres operaciones y 526 días para alcanzar la estabilidad clínica, y le quedaron secuelas leves de por vida

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha condenado Servicio Extremeño de Salud (SES) a pagar 40.000 euros de indemnización a una mujer que sufrió una trombosis a consecuencia de inocularse contra la covid-19 con la vacuna Janssen.

La víctima de los citados efectos de la vacuna necesitó tres intervenciones quirúrgicas y 526 días para alcanzar la estabilidad clínica. Le quedaron, entre otras secuelas, la pérdida de calidad de vida de carácter leve por tener que someterse a una dieta específica de por vida.

El SES alegaba que desde que se puso la vacuna hasta que sufrió la trombosis habían pasado 56 días y la paciente contaba con antecedentes familiares por lo que no cabía responsabilidad.

¿Quién es ahora ‘negacionista’?

Sin embargo, desmontaron las alegaciones del SES, tanto la Inspección Médica como por el Servicio de Hematología del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres.

El informe de Hematología recoge que la víctima de la vacuna “presentaba todos los datos clínicos relativos al diagnóstico de Trombosis trombocitopénica con anticuerpos anti factor plaquetario, que sólo se presentan cuando el paciente ha recibido heparina o en casos destacados en la literatura médica tras la vacunación por Janssen”.

En cuanto a la responsabilidad de los daños sufridos por la víctima de la vacuna, la sentencia recoge que no hubo mala praxis, pero existe responsabilidad patrimonial por el principio de solidaridad.

No hubo mala praxis con la vacuna Janssen, pero sí responsabilidad patrimonial

El Tribunal tuvo en cuenta que se produjeron los daños de la víctima “en el marco de esta campaña de vacunación global” que “junto al beneficio individual, se pretendía proteger a la sociedad en su conjunto, atajando la propagación de la enfermedad”.

Por tanto, añade “no resulta exigible a los perjudicados la obligación de soportar los efectos adversos que hayan podido sufrir con ocasión de esa vacunación global cuando la misma se ha promovido por la Administración en beneficio de toda la sociedad”.

Para el TSJ de Extremadura, “en estas circunstancias, ha de ser el conjunto de la sociedad, por un principio de solidaridad, la que debe asumir los daños producidos”. Contra la sentencia puede presentarse recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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