Hasta 2.100 millones se dedica a ayudas directas tras los daños causados en la agricultura y la pesca por los temporales de enero y febrero
Ayudas por los daños de las borrascas de invierno. El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó este miércoles el Real Decreto-ley que responde a los graves daños causados por los temporales de enero y febrero en Andalucía y Extremadura con un respaldo de 316 votos a favor.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, explicó que el plan moviliza un presupuesto global de 7.000 millones de euros, de los cuales más de 2.100 millones se destinan exclusivamente a ayudas directas para los titulares de explotaciones agrarias que sufrieron pérdidas de renta en Andalucía y Extremadura.
Esta medida beneficia a los agricultores y ganaderos de 619 municipios afectados, donde las inundaciones impidieron las labores habituales en el campo y generaron importantes estragos en cultivos e infraestructuras.
Ayudas para los armadores con base en Huelva, Cádiz y Málaga
El Ministerio de Agricultura confirmó que las ayudas directas se concederán de oficio, un sistema que garantiza la llegada inmediata de liquidez sin que los beneficiarios tengan que presentar solicitudes complejas. Esta novedad evita el colapso administrativo y acelera el apoyo económico.
El decreto complementa estas transferencias con una partida de 10 millones de euros para armadores de buques de pesca con puerto base en Huelva, Cádiz y Málaga, que tuvieron que amarrar la flota durante los episodios más intensos de las borrascas.
Además, el Ministerio para la Transición Ecológica financia al 100 % las obras de reparación en cauces públicos de zonas urbanas, lo que permite a las entidades locales restaurar el entorno y adaptar las infraestructuras al aumento de fenómenos meteorológicos extremos por la crisis climática.
Medidas laborales y financieras para sostener el empleo rural
El Gobierno redujo de 35 a 5 el número de jornadas reales necesarias para acceder al subsidio agrario y a la renta agraria en las zonas damnificadas, una decisión que protege a los trabajadores del campo ante la imposibilidad de realizar tareas por las inundaciones.
Esta protección laboral se une a moratorias en las cuotas de la Seguridad Social y a un acceso simplificado a la prestación por cese de actividad para autónomos del sector.
El apoyo se refuerza con una línea de financiación preferencial que subvenciona hasta el 15 % del principal de los préstamos y cubre el coste total de los avales concedidos por SAECA, mientras Tragsa ejecuta reparaciones de emergencia en caminos rurales y sistemas de regadío dañados.
El decreto, que ahora tramitarán como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, cubre ocho capítulos que abarcan desde daños personales hasta beneficios fiscales para asegurar la recuperación del sector primario, resume Agrodigital.
