La sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar vuelve a estar en entredicho tras la publicación de las últimas estadísticas de cotización por nacionalidades. Los datos son demoledores: en el caso de la población femenina procedente de Marruecos, apenas el treinta por ciento figura como dada de alta en la Seguridad Social. Esta cifra evidencia un profundo fracaso en la integración laboral de uno de los colectivos inmigrantes más numerosos de nuestro país.
Mientras el Gobierno insiste en que la inmigración es la solución mágica para pagar las pensiones del futuro, la realidad de los números oficiales cuenta una historia muy distinta. La inmensa mayoría de las mujeres de origen marroquí residentes en España no aportan al sistema contributivo, lo que genera una presión asistencial desproporcionada sobre unos servicios públicos ya de por sí saturados y al borde del colapso.
Porcentaje de mujeres que cotizan en España
Comparativa según los datos publicados sobre mujeres de 20 años o más.
Datos citados: mujeres de 20 años o más y cotizantes medias en diciembre de 2024. Fuente de los datos: artículo publicado por Libertad Digital.
Un modelo de integración que no funciona en el mercado laboral
La brecha de cotización entre la población autóctona y ciertos colectivos extranjeros es alarmante. En el caso de las mujeres marroquíes, los factores culturales y la falta de formación especializada parecen ser barreras infranqueables para su incorporación al mercado de trabajo reglado. Esta situación las condena a menudo a la dependencia de ayudas públicas, subvenciones y redes de asistencia social financiadas por el contribuyente español.
Este bajo índice de actividad legal no solo afecta a las arcas públicas por la falta de ingresos vía cotizaciones, sino que perpetúa un modelo de gueto donde la integración real es inexistente. Sin trabajo, no hay vinculación real con la sociedad de acogida, y el coste de oportunidad para la economía nacional es inmenso si se tiene en cuenta el volumen de población que representa este colectivo.
El impacto en los servicios públicos y la sanidad
No se puede ignorar que cualquier residente, cotice o no, tiene acceso pleno a la sanidad universal, a la educación gratuita para sus hijos y a múltiples ayudas al alquiler o a la subsistencia básica. Cuando solo el tres por ciento aporta y el cien por cien consume, el equilibrio presupuestario se rompe, obligando al Estado a incrementar la deuda pública o a subir los impuestos a la clase media trabajadora.
Las cifras de la Seguridad Social son un termómetro de la salud económica de una nación. Mantener a miles de personas fuera del sistema productivo de forma permanente es un lujo que España, con un paro estructural todavía muy alto y una deuda galopante, no se puede permitir. La inmigración debe ser circular, ordenada y, sobre todo, vinculada estrictamente a la capacidad de generar riqueza y empleo.
Hacia una política migratoria basada en la utilidad nacional
Es necesario replantear los criterios de residencia y reagrupación familiar. El acceso a los papeles y a la nacionalidad debería estar condicionado de forma mucho más severa a la vida laboral activa y al cumplimiento de periodos mínimos de cotización. No es justo que los españoles que han trabajado toda su vida vean peligrar sus prestaciones mientras se mantienen estructuras de gasto para colectivos con tasas de actividad ínfimas.
Los datos oficiales no mienten: la integración laboral de la mujer marroquí en España ha fracasado. Seguir ignorando esta realidad bajo la alfombra de la corrección política solo sirve para acelerar la quiebra de un modelo de Seguridad Social que necesita urgentemente realismo, firmeza y una gestión orientada a premiar a quien trabaja y aporta al bien común.
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