El problema no empieza ahora. Viene de atrás. Y eso es lo que lo hace más delicado para Almeida.
Todo se remonta a 2021, cuando el Ayuntamiento aprobó la ordenanza que regulaba las zonas de bajas emisiones. Aquella norma ya fue recurrida, y en 2024 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló partes clave por un motivo muy concreto: no existía un informe económico suficientemente sólido que justificara el impacto de las restricciones.
Aun así, las multas no se detuvieron. El Ayuntamiento siguió sancionando mientras el caso avanzaba en los tribunales.
Y aquí está el punto clave: el Tribunal Supremo no entra a valorar si la medida es buena o mala. Lo que hace es dejar firme esa sentencia que cuestiona cómo se hizo todo desde el principio.
Qué significa esto para la gente que ha pagado multas
Aquí es donde aparece el impacto real.
Entre 2021 y 2025 se han impuesto más de 3,3 millones de sanciones por un valor superior a 650 millones de euros. No son números abstractos. Son conductores reales. Personas que entraron en Madrid por trabajo, por necesidad o por desconocimiento, y que recibieron multas que en muchos casos pagaron sin cuestionarlas.
Ahora muchos están en la misma situación: no saben si aquello que pagaron fue correcto o no. Y esa incertidumbre es lo que más pesa.
Las dudas sobre el modelo y la presión creciente
Durante estos años, distintas asociaciones de conductores han venido advirtiendo del impacto de este sistema. No solo por las sanciones, sino por el coste indirecto que ha supuesto para muchas familias y autónomos, obligados a adaptar sus vehículos o su forma de moverse.
También han insistido en una idea clara: si existían dudas jurídicas sobre la norma, lo prudente habría sido frenar el sistema sancionador hasta que hubiera una resolución firme. Pero eso no ocurrió.
Almeida y la decisión de seguir adelante
Este es uno de los puntos más sensibles.
Mientras todo se resolvía en los tribunales, el Ayuntamiento mantuvo las multas y la recaudación siguió creciendo año tras año. Desde el entorno municipal se defendía que la normativa seguía vigente y que debía aplicarse.
Sin embargo, desde fuera la percepción es distinta. Se siguió sancionando mientras la base legal estaba siendo cuestionada. Y eso es lo que ahora genera más dudas que cualquier cifra.
Intentar corregir ahora lo que falló antes
Cuando las sentencias ya marcaban una dirección clara, el Ayuntamiento aprobó una nueva ordenanza con informes reforzados para corregir los errores señalados por los jueces.
Es un movimiento lógico para el futuro, pero no resuelve el pasado. Porque la pregunta sigue ahí: si ahora se ha corregido, es porque antes no estaba bien.
Lo que viene ahora
No se trata de una anulación automática de todas las multas ni de devoluciones inmediatas. El escenario es más complejo.
Lo que se abre es la puerta a reclamaciones. A revisiones caso por caso. A un proceso largo que puede extenderse durante años.
El verdadero problema
Más allá del dinero, el impacto más importante es otro.
Es la confianza.
Cuando una administración sanciona durante años y después se cuestiona la base legal de esas sanciones, el efecto es inmediato. La gente deja de ver el sistema como algo sólido.
Y ahí es donde Almeida tiene el mayor reto. No solo en los tribunales, sino en la calle, donde la pregunta es mucho más sencilla que cualquier informe: si las cosas se hicieron bien desde el principio o no.
