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Declaración de rechazo de la APM a la amnistía de Sánchez

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La APM alerta que la amnistía desautoriza al Poder Judicial y al Supremo, y crea comisiones políticas para fiscalizar jueces y tribunales

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), agrupación mayoritaria dentro del colectivo jurisdiccional, aprobó en su XXVI Congreso Nacional, celebrado en Bilbao el pasado 1 de diciembre, una declaración en defensa del Estado de Derecho que LA BANDERA recoge íntegra a continuación:

La amnistía desautoriza al Poder Judicial y al Tribunal Supremo

El pleno ejercicio de la potestad jurisdiccional, de acuerdo con los mandatos de la Constitución, implica el respeto, acatamiento y ejecución de las resoluciones del Poder Judicial. Desde este mandato constitucional –que se dirige a la sociedad y también a los Poderes Públicos–, la APM expresa su más firme rechazo a la aprobación de una ley de amnistía que vulnera el principio de igualdad.

Carece de sustento en un régimen democrático consolidado como es España; representa una desautorización de la posición constitucional del Poder Judicial, y muy en particular del Tribunal Supremo; y, en suma, implica un ataque a los pilares del Estado de Derecho, por cuanto socava gravemente el principio de separación de poderes.

Se crean comisiones parlamentarias para fiscalizar a jueces y tribunales

Asimismo, rechazamos sin paliativos la posibilidad de que, a través de comisiones parlamentarias de investigación, se fiscalice la labor desarrollada por Jueces y Tribunales, que actúan aplicando la ley y el Derecho, ejerciendo la labor que, en exclusiva, les encomienda la Constitución.

La APM pie renovar y elegir vocales del CGPJ por integrantes de la Carrera Judicial

La APM ha defendido siempre y sigue haciéndolo, que la elección de los Vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial, debe realizarse por la Carrera Judicial. Inequívocamente, éste fue el sistema que inspiró el contenido del artículo 122 de la Constitución.

Ello no obstante, la grave situación y consecuencias que vienen arrastrándose por la prórroga de un mandato concluido hace ya cinco años, conducen a realizar un llamamiento urgente a los grupos parlamentarios, para que lleven a cabo la renovación del Consejo.

Un llamamiento urgente sin perjuicio de que se impulsen (en línea con las recomendaciones de la Unión Europea) las iniciativas legislativas oportunas para lograr de futuro la recuperación del sistema electivo judicial.

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