El Supremo recibe la demanda porque Montero no paga los 18.000€ de su condena por vulnerar el derecho al honor del exmarido de María Sevilla
El Tribunal Supremo ha recibido una solicitud de ejecución de sentencia contra la ministra Irene Montero. En el documento presentado al Supremo, la abogada del denunciante, Rafael Marcos, recuerda que la sentencia firme 910/2023, de 8 de junio, condena a Montero a indemnizarle con 18.000 euros, “una obligación dineraria desatendida” por la ministra en funciones.
Del mismo modo, la solicitud informa al TS que Montero está condenada a eliminar de Twitter la publicación donde calumnió a Rafael Marcos, tachándole de maltratador. En el momento de la presentación del documento, el tuit aún está disponible en la red social.
En caso de que se niegue a hacerlo, el demandante, pide que Montero publique el fallo de la sentencia en tres periódicos de tirada nacional y que se comunique a la plataforma ‘X’ que retire el tuit que la ministra publicó en su cuenta el 25 de mayo de 2022 a las 2:40 pm, compartiendo el discurso en el que hizo las declaraciones perjudiciales contra Marcos.
Según recoge Confilegal, esta solicitud coincide con la admisión a trámite por el juzgado de Estepona de una querella presentada por Marcos contra Ángela Rodríguez, “Pam”, secretaria de Estado de Igualdad, por intromisión en su derecho al honor al referirse también a él como un “maltratador”.
Montero calumnió al Rafael Marcos tras indultar a la secuestradora de su hijo
La sentencia condenó a Montero a pagar una indemnización de 18.000 euros debido a sus declaraciones públicas en las que llamó “maltratador” a Rafael Marcos, el exmarido de María Sevilla, expresidenta de la asociación Infancia Libre. Estas declaraciones se realizaron durante la inauguración de la sede del Instituto de las Mujeres en 2022 y se difundieron en Twitter.
Un niño viviendo aislado y sin escolarizar
María Sevilla recibe una sentencia de dos años y cuatro meses de prisión en 2019 tras secuestrar durante dos años al hijo en común con Marcos. La Policía detiene a María Sevilla en abril de 2019 por mantener a su hijo, entonces con 11 años, sin escolarización, semienclaustrado en una finca aislada de Villar de Cañas y permitiéndole salir al aire libre durante media hora diaria.
María Sevilla denunció al padre del niño en repetidas ocasiones acusándolo de abusar del menor. Las denuncias, carentes de toda prueba, fueron archivadas; de hecho, el niño vive actualmente con el padre. Ante la imposibilidad de evitar que el padre tuviera contacto a su hijo, la mujer optó por secuestrar al niño y retenerlo en la finca para, según afirmó, “protegerlo”.
Convertida en un referente propagandístico de la izquierda (“madre protectora“, según la definición de Irene Montero) el gobierno PSOE/Podemos indultó a María Sevilla en mayo de 2022 y salió de prisión.
