El bloque de la avenida Tombatossals, 30, de Castellón no tenía luz ni agua, y los okupas rechazaron acuerdos extrajudiciales para irse
Tras 22 años de ocupación, un juez ha dictado el desalojo de un bloque de dos plantas de la avenida de Tombatossals, 30 en Castellón. El edificio ha ido cambiando de okupas durante más de dos décadas a pesar de no tener luz ni agua, hasta el pasado miércoles, 20 de septiembre. Los actuales ocupantes eran 13 familias, llevaban allí desde 2016 y usaban la planta baja como chatarrería.
El desalojo generó expectación entre vecinos de la zona y parientes de los okupas desalojados. La finca, en condiciones precarias, fue despejada sin novedad de los enseres de las familias. Salvo algún momento tenso aislado, el lanzamiento culminó sin incidentes.
El Ayuntamiento trató de parar el desalojo
Maica Hurtado, concejal de Bienestar Social de Castellón, explicó que el consistorio realizó un informe de vulnerabilidad a cinco de las familias y lo remitieron al juzgado para detener el lanzamiento. La presentación de un informe de vulnerabilidad había detenido anteriores intentos de desalojo, pero en esta ocasión el juzgado decidió seguir adelante y devolver el inmueble a sus legítimos propietarios.
La concejal precisó que los okupas tienen una red de familiares que garantizan que no quedan e situación de desamparo, y desde el consistorio están asesorando a los desalojados para tramitar ayudas sociales.
El abogado de los okupas solicitó frenar el desalojo al Tribunal Europeo de derechos humanos
El abogado de 7 de las 13 familias ha lamentado que el juzgado no atendiera la presunta situación de vulnerabilidad de sus clientes, hasta el punto de que pidieron “alquiler social y se negaron”. El letrado también solicitó infructuosamente medidas cautelares al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para frenar el desalojo.
El edificio okupado cambió de propietarios desde la crisis del ladrillo. Fuentes de la propiedad que cita El Mundo indicaron que, desde el comienzo del proceso del desalojo en 2020 ofrecieron diferentes acuerdos extrajudiciales para evitar llegar a los juzgados. El abogado los tachó de poco razonables, algunos lo rechazaron y a otros ni siquiera respondieron.
Nadie ha sido víctima de un desahucio en Castellón
Se da la circunstancia, a pesar de la demagogia imperante favorable a los okupas, de que lo sucedido en Castellón fue un desalojo y no un desahucio, porque en dos décadas nadie pagó alquiler, al no existir contrato, ni existió mora de ninguna renta. En todo caso, sería ilegal tratar de alquilar las citadas viviendas por tratarse de un inmueble carente de cédula de habitabilidad, suministro eléctrico y agua.
