Los arrestados tienen nacionalidad colombiana y ecuatoriana
La Policía Nacional ha desarticulado en Palma de Mallorca una organización criminal dedicada al empadronamiento ilegal de ciudadanos extranjeros mediante el uso de documentación falsificada. La operación se ha saldado con ocho detenidos —de origen colombiano y ecuatoriano— y más de 70 personas beneficiadas por estas prácticas fraudulentas.
La investigación, llevada a cabo por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, ha permitido descubrir una red perfectamente estructurada que llevaba operando al menos tres años con fines lucrativos. El grupo elaboraba contratos de alquiler falsos y documentos de arras manipulados, utilizando la identidad de propietarios reales para simular la legalidad de los trámites.
Una vez preparados los documentos, los implicados gestionaban empadronamientos ficticios a cambio de cantidades que oscilaban entre los 250 y 300 euros por persona. Además, los agentes detectaron que la organización elegía oficinas con menores controles administrativos para facilitar la aprobación de las inscripciones en el padrón municipal.
El objetivo principal de estos empadronamientos no era el acceso a una vivienda real, sino la obtención de beneficios administrativos y servicios públicos. Entre ellos, destacan la tarjeta sanitaria, la tarjeta ciudadana y la posibilidad de acreditar tiempo de residencia en España para futuros procesos de arraigo social.
La red contaba con una estructura jerarquizada y un reparto claro de funciones entre sus miembros, lo que permitió mantener la actividad de forma continuada durante años. En total, han sido arrestados cinco hombres y tres mujeres, acusados de delitos de falsedad documental, favorecimiento de la inmigración irregular y pertenencia a organización criminal.
Este caso pone de manifiesto la vulnerabilidad del padrón municipal como vía de acceso a derechos y servicios, convirtiéndolo en un objetivo para redes que buscan aprovechar las debilidades del sistema. Las autoridades continúan intensificando los controles para frenar este tipo de fraude, debido a su impacto tanto en el control migratorio como en la gestión de los recursos públicos.
