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Dimite el responsable de Hacienda de los fondos europeos

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El sustituto deberá evitar que los incumplimientos de Sánchez con Bruselas pongan en peligro el pago íntegro del cuarto plazo de los fondos.

Este martes por la tarde se ha conocido la dimisión del alto cargo del ministerio de Hacienda responsable de gestionar con Bruselas el cuarto pago de los fondos europeos, de 10.000 millones de euros, en riesgo por los incumplimientos de Sánchez.

Jorge Fabra, quien asumió el cargo en octubre de 2022, será sustituido por José Ángel Alonso Jiménez. El cargo entrante formaba parte de la Subdirección General de Sistemas de Información de Fondos Europeos. El cargo dimitido apenas ha llegado al año y medio. Desde el ministerio de María Jesús Montero confirmaron que la salida de Fabra fue por decisión propia.

Según ha señalado ABC, el dimitido Fabra, afín al PSOE y de familia socialista, recibió el cargo del Gobierno de Sánchez en sustitución de la también dimitida Rocío Frutos Ibor, que dejó su puesto “por motivos personales” por el caos ya reinante en 2022 con la gestión de los fondos.

Fondos europeos gestionados de forma caótica y en peligro por los incumplimientos del Gobierno

La tarea de Alonso Jiménez será gestionar con la Comisión Europea el desbloqueo del cuarto pago de los fondos europeos, que ascienden a 10.000 millones de euros. El pago íntegro está en riesgo debido al incumplimiento socialista de uno de los compromisos con Bruselas, que es la reforma del subsidio por desempleo.

La reforma del subsidio de desempleo, ya aprobada en un decretazo, aún no está convalidada en el Congreso de los Diputados, lo que expone a España a un recorte de fondos europeos por parte de la Comisión Europea, ya que si no se cumplen todos los compromisos, Bruselas podría reducir el volumen de fondos correspondiente al tramo afectado.

El gobierno solicitó formalmente a la Comisión Europea el pago del cuarto tramo de los fondos a finales de diciembre. Bruselas tiene tres meses para evaluar la solicitud del Gobierno, pero, dada la situación actual, España enfrenta la posibilidad de un recorte de los recursos comunitarios que podría superar los 700 millones de euros, según estimaciones de expertos.

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