El portavoz en Orense denunció internamente que lo grabaron en una reunión ‘sin su consentimiento’ y después lo suspendieron de militancia
Denuncia que un partido comunista se comporta exactamente como un partido comunista. Los portavoces de Podemos Orense, Francisco Diéguez, y de Podemos Lobios (en la misma provincia), Carlos Garrido, han renunciado por la «deriva autoritaria» de la formación y su castigo a la discrepancia.
Francisco Diéguez, el orensano, precisó ayer domingo que dimitió tras recibir el pasado viernes una notificación de la dirección regional sobre la suspensión cautelar de su afiliación durante dos meses. En un comunicado, Diéguez atribuyó atribuye lo sucedido a una «deriva autoritaria, marcada por el control interno, el castigo a la discrepancia y la ausencia total de garantías democráticas«.
En su mensaje, menciona una denuncia que él mismo interpuso en febrero contra la dirección regional y ante el Comité Estatal de Garantía de Podemos. Según detalla Europa Press de documentos internos, Diéguez tramitó la denuncia interna tras enterarse de otra similar contra el anterior enlace del partido, Ruymán Núñez, por una grabación «sin autorización» de una reunión en la que el ya dimitido portavoz participó.
Suspendido por comentarios en redes contra la organización
Diéguez calificó de «inaceptables» los intentos de «sancionar» la manifestación de «opiniones críticas». «Esta decisión constituye un hecho de extrema gravedad y responde a una actuación arbitraria, basada en interpretaciones interesadas y en una lectura completamente distorsionada de los hechos«, opina.
En concreto, Francisco Diéguez denunció a la líder podemita en Galicia, Isabel Faraldo, y otros cuatro miembros de la dirección (Manuel Mena, Ximena Cheda, Carmen Berzosa y Toño Naval). Por lo tanto, según Diéguez, esto evidencia un claro panorama de conflicto interno y plantea «dudas sobre la imparcialidad» de sus acciones.
Por su parte, Podemos Galicia justifica la suspensión de afiliación de Francisco Diéguez por varias acciones que consideran de «especial gravedad» de acuerdo a su normativa interna, como comentarios en redes sociales en contra de la organización y diversas decisiones tomadas en asambleas municipales.
En este sentido, se menciona el anuncio de presuntas amenazas y acciones legales contra la dirección regional por el simple hecho de «aceptar a trámite los expedientes«, recoge la citada agencia.
