Las palabras pronunciadas desde los atriles ministeriales nunca salen gratis, y mucho menos cuando afectan directamente a la seguridad territorial de la nación. El mero anuncio de una regularización administrativa masiva para extranjeros en España ha actuado como una potente onda expansiva en toda África, activando un violento y palpable efecto llamada en nuestra castigada frontera sur.
El resultado inmediato no se ha hecho esperar. Las fuerzas fronterizas han documentado detenciones masivas en los aledaños de la valla, con más de cien personas de origen subsahariano interceptadas por las autoridades marroquíes antes de lograr consumar el salto coordinado hacia la ciudad autónoma de Ceuta. Es el prólogo de una crisis previsible y evitable.
La irresponsabilidad de anunciar papeles para todos
Cuando un Ejecutivo débil comunica al mundo entero que perdonará de manera sistemática los saltos ilegales de frontera y entregará visados de legalidad a quienes ya se encuentran dentro quebrando la ley, está invitando activamente a que decenas de miles de personas desesperadas engrosen las filas de las mafias de la inmigración irregular.
Las organizaciones de tráfico humano, verdaderas beneficiadas de esta demagogia política, utilizan los recortes de prensa del gobierno español para vender plazas en sus cayucos o para organizar avalanchas como la vivida esta madrugada. El buenismo ideológico redactado en los despachos confortables de Madrid se traduce en sangre, tensión y caos al pie de las concertinas ceutíes.
Presión máxima sobre nuestras fuerzas de seguridad
Quienes realmente pagan el altísimo precio de la irresponsabilidad política del presidente Sánchez son los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional apostados en el perímetro fronterizo. Obligados a contener a multitudes equipadas frecuentemente con herramientas de corte y objetos contundentes, los agentes españoles trabajan en un estado de alarma e inferioridad numérica crónico.
Exigirles que mantengan a raya la avalancha migratoria impulsada por el propio estado que les paga es un ejercicio de cinismo gubernamental insoportable. Los profesionales de la seguridad exigen recursos antidisturbios potentes, blindaje jurídico sin ambigüedades y el fin inmediato de las declaraciones políticas irresponsables que incitan a cruzar ilegalmente el alambre.
La frontera sur europea llevada al límite
Ceuta y Melilla están siendo llevadas deliberadamente al colapso demográfico e institucional. Aceptar con docilidad la presión continua enviada por Marruecos o permitir que el efecto llamada vacíe las aldeas de media África hacia nuestras costas es renunciar abiertamente a la sagrada soberanía nacional.
Si España no rectifica urgentemente este rumbo y cancela de manera fulminante el proyecto de regularización de ilegales, los intentos de salto coordinados como este último pasarán de ser noticias diarias a convertirse en una invasión demográfica descontrolada con el beneplácito de nuestros propios dirigentes.
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