Los datos han sido compartidos por ElEconomista
El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes en situación irregular impulsado por el Gobierno ha generado un alto volumen de solicitudes del certificado de vulnerabilidad, que representa ya el 60% de las consultas realizadas por los interesados, según datos adelantados por ElEconomista.
Este trámite se ha convertido en el principal obstáculo dentro del procedimiento, de acuerdo con un informe de la firma Legálitas. La principal dificultad radica en la escasez de citas disponibles, lo que está provocando retrasos que pueden prolongarse durante semanas o incluso meses.
Dificultades para obtener el certificado de vulnerabilidad
Para conseguir este documento, los solicitantes deben acudir a servicios sociales municipales o a ONG autorizadas. Sin embargo, la elevada demanda y la limitada capacidad de atención están generando un importante cuello de botella administrativo, lo que aumenta la incertidumbre entre los solicitantes del proceso de regularización.
Acreditación de la permanencia en España: otro de los grandes retos
El segundo bloque más importante de consultas, que supone alrededor del 25%, está relacionado con la acreditación del tiempo de residencia en España.
Para poder acogerse a este proceso, es necesario demostrar que la persona se encontraba en el país antes del 1 de enero de 2026 y que ha permanecido de forma continuada durante al menos cinco meses. No obstante, muchas personas en situación irregular carecen de documentación habitual como contratos laborales, cuentas bancarias o empadronamiento.
Ante esta falta de pruebas formales, se están utilizando alternativas como la justificación de gastos recurrentes. Entre ellas, destaca la recarga del abono transporte, que puede servir como evidencia de permanencia gracias a su trazabilidad.
Certificado de antecedentes penales: otro trámite clave
El certificado de antecedentes penales concentra aproximadamente el 10% de las consultas. La normativa permite iniciar el procedimiento sin este documento, siempre que el solicitante declare no tener antecedentes y aporte justificante de haberlo solicitado.
En estos casos, el expediente queda en suspensión mientras el Ministerio de Justicia intenta obtener la información a través de vías diplomáticas. Este proceso puede extenderse hasta tres meses y, si no hay respuesta, se concede un plazo adicional de quince días para que el solicitante entregue el certificado, lo que añade más incertidumbre al procedimiento.
Dudas generales sobre el proceso de regularización
Por último, alrededor del 5% de las consultas se refiere a dudas generales sobre los requisitos del proceso. Estas preguntas son especialmente frecuentes entre solicitantes de asilo, que en muchos casos desconocen qué formularios deben presentar —como los modelos 031 o 032— o si su situación les permite acogerse a esta vía excepcional de regularización.
