El Ayuntamiento de Cádiz ha iniciado una ofensiva administrativa sin precedentes que ha indignado a una población ya de por sí cansada de la presión impositiva y la falta de oportunidades. Mediante un buzoneo masivo, el Consistorio está «invitando» a los residentes a empadronarse en la ciudad bajo una sibilina amenaza de multas.
El objetivo es «garantizar derechos»
Esta medida, presentada bajo el manido discurso de «garantizar derechos y acceso a servicios públicos», es en realidad un intento desesperado por maquillar el declive poblacional imparable que sufre la capital gaditana desde hace décadas.
Cádiz se desangra demográficamente y el equipo de gobierno local, en lugar de crear incentivos reales para la fijación de población, ha optado por el garrote burocrático para evitar la pérdida de transferencias estatales asociadas al padrón.
Cádiz es hoy una ciudad que expulsa a sus jóvenes y a sus familias por la absoluta imposibilidad de acceder a una vivienda digna y la falta de un tejido industrial sólido. Que la respuesta institucional sea el miedo a la sanción dice mucho de la catadura moral de quienes dirigen los destinos de la trimilenaria.
Mientras el Ayuntamiento se dedica a perseguir a quien no tiene sus papeles en orden en el registro municipal, la economía real del gaditano sigue en caída libre.
En un país donde el pib per capita en espana vuelve al nivel de los anos 70, lo último que necesita un vecino es que su propio ayuntamiento lo trate como a un presunto delincuente por no haber actualizado un trámite administrativo.
No se puede retener a la población mediante el miedo
«No se puede retener a la población mediante el miedo. Una ciudad que multa a sus ciudadanos para que se empadronen es una ciudad que ha fracasado en su proyecto de convivencia y prosperidad.»
