Al encadenar enmiendas desde 2020, el decretazo sanchista sobre fondos de recuperación nunca llegó a debatirse ni a votarse en el Congreso
Cacicada de república bananera que el Constitucional condena por unanimidad una legislatura después. El Tribunal Constitucional amparó al Partido Popular en el recurso que interpuso contra el bloqueo que sufrió su labor parlamentaria porque la Mesa del Congreso presidida por la socialista Meritxell Batet retrasó hasta 71 veces el plazo legal para presentar enmiendas a un proyecto de ley de la pandemia de 2020.
Los magistrados emitieron el fallo por unanimidad en una sentencia inusual en el Constitucional, porque marca la primera condena firme al Gobierno por decisiones adoptadas en la legislatura anterior.
Los magistrados condenaron la actuación de la Mesa del Parlamento que lejos de favorecer que los diputados ejerzan su labor «dificulta y obstruye dicha tarea» al impedir que el procedimiento legislativo siga su curso debido.
La Mesa izquierdista del Congreso obstruyó el procedimiento legislativo
Se perpetraron las maniobras indebidas entre finales de 2020 y noviembre de 2022 cuando entró en vigor un real decreto de urgencia para impulsar la recuperación económica que el Congreso tramitó como proyecto de ley exprés.
La Mesa bajo control del PSOE de Sánchez dilató sin motivación y de forma automática la aprobación de los retoques de la oposición hasta en 71 ocasiones aunque el plazo para presentar enmiendas debió finalizar el 15 de febrero de 2021.
El Tribunal Constitucional apreció que la Mesa «obstruyó» la tramitación del procedimiento legislativo al hacer un «uso indebido» de su facultad de prorrogar el plazo y vulneró el derecho de participación política del Partido Popular.
Esta prórroga sistemática impidió que el proyecto avanzara como había acordado el Pleno y provocó la pérdida de objeto de las enmiendas ante la caducidad tras las elecciones generales del 23 de julio.
La mesa hizo un ‘uso indebido’ de sus atribuciones
La resolución dejó claro que la autonomía parlamentaria no es un principio absoluto sino que «está sujeta a los límites constitucionales» y exige respetar el trabajo de los diputados sin obstrucciones arbitrarias.
De esta forma se cumple la decisión del Pleno que convalidó el Real Decreto-ley 36/2020 y lo tramitó como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia conforme a la Constitución.
