«Quiero que estén tranquilas», llegó a decir a las mujeres españolas el jefe de Grande-Marlaska cuando compareció por la pandemia
El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González Jiménez, ha sido imputado por un presunto delito de violación contra una subordinada. El alto cargo, considerado hasta ayer el número dos de la Policía y hombre de máxima confianza del ministro Fernando Grande-Marlaska, presentó su dimisión. Fue horas después de que trascendiera la admisión a trámite de una querella en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid. El juez ha citado a declarar al comisario el próximo 17 de marzo.
La querella, interpuesta por una agente de la Policía Nacional, describe una presunta agresión sexual ocurrida en abril de 2025, supuestamente en una vivienda oficial.
La denuncia incluye detalles de un episodio de violencia sexual con sumisión y control previo por parte del acusado, así como una posterior campaña de acoso y coacciones para que la víctima no denunciara los hechos.
Óscar San Juan, también en el epicentro
Un comisario de su entorno más cercano, Óscar San Juan, mano derecha del DAO, habría participado en presiones sobre la agente, lo que ha llevado a su relevo inmediato de funciones por decisión del ministro.
En este sentido, como recoge OkDiario destaca la ironía de que el DAO González Jiménez, imputado ahora por violación, había presumido públicamente en el pasado de «no bajar la guardia» frente a las agresiones sexuales, en declaraciones que ahora resultan controvertidas ante la gravedad de las acusaciones.
El caso ha provocado una fuerte tormenta política. Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso este miércoles 18 de febrero, el PP ha exigido la dimisión de Grande-Marlaska, acusándolo de encubrimiento y de «tapar una violación». Frases como «da náuseas verle sentado en el banco azul» han protagonizado las intervenciones de la oposición.
Marlaska dice que no conocía los hechos
Marlaska ha negado conocer los hechos con anterioridad, ha mostrado decepción hacia su excolaborador, el DAO, y ha garantizado que exigió la renuncia «inmediatamente» al tener conocimiento. Además, ha abierto una investigación interna y ha afirmado que él mismo dimitiría si la víctima considerara que le ha fallado. El Gobierno, por su parte, defiende la rápida actuación y rechaza las acusaciones de protección.
El escándalo pone en cuestión la gestión de nombramientos en la cúpula policial y genera un fuerte impacto en la imagen del Ministerio del Interior en un momento sensible para las políticas de igualdad y violencia de género. La investigación judicial sigue su curso y se espera que aporte más claridad en los próximos meses.
