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El desastre generado por la Ley de Vivienda sanchista en sólo un año de aplicación

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Se retiran 60.000 viviendas del mercado de alquiler residencial por las medidas intervencionistas, la criminalización del propietario y la desprotección ante los impagos

Entre los sectores productivos que el Gobierno jibariza, previa criminalización ideológica, destaca el mercado del alquiler, cuya contracción ha empezado a notarse en sólo un año de aplicación de la ley de vivienda social-comunista.

En ese sentido, las triunfalistas previsiones oficiales han devenido en las consecuencias esperables, con la destrucción creciente de la oferta de alquiler mientras que los precios continúan su escalada.

La empresa del sector, `Alquiler Seguro’, auditó el primer año de la citada ley y arroja un balance demoledor, con la retirada de 60.000 viviendas del mercado y el ascenso hasta los 1.069 € del precio medio del alquiler.

El informe del Observatorio del Alquiler, creado por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos, advierte que la oferta sigue la tendencia a la baja de los últimos años: mientras 2022 cerró con 855.518 inmuebles disponibles, el año 2023 cerró con 813.850 viviendas y, para 2024, se prevé la pérdida de otras 60.000.

La consecuencia del desajuste entre la alta demanda y la oferta menguante es la escalada de los precios: si en 2023 subió unos 100 € el precio medio de alquiler (hasta los 1.002 €), a principios de 2024 llegó a los 1.069 euros.

Las consecuencias negativas de la ley de vivienda socialcomunista

La Ley de Vivienda del gobierno de coalición social-comunista introdujo cambios significativos en la legislación acompañados de la habitual propaganda triunfalista.

Tras un año en vigor, el Observatorio del Alquiler elaboró un informe que revela sur verdaderas consecuencias, a cuál más lesiva, que dificultan precisamente el acceso a la vivienda de los españoles.

Según el informe, son las siguientes:

Sólo Cataluña acepta declarar zonas tensionadas

Declarar zonas tensionadas era la medida estrella de la ley de vivienda, pero la rechazaron todas las Comunidades, excepto Cataluña, por considerarla intervencionista e ineficaz. 

La aplicación en Cataluña de la ley, aplicando controles de rentas, ha potenciado sus efectos negativos y el mercado de alquiler está al borde del colapso por la retirada masiva de  viviendas del mercado.

Ante el control de los alquileres por el Ejecutivo regional, los propietarios buscan otras opciones, como la venta, y se prevé la retirada del mercado de unas 25.000 viviendas para 2024. La tormenta perfecta generada por la ley es la subida de las rentas, pese a la contención artificial, hasta los 1.361 €.

Criminalización del propietario de la vivienda

La ley, ideológica y ajena a la realidad, ignora que los propietarios son quienes crean la oferta y les demoniza con definiciones tan arbitrarias como pequeños o grandes tenedores.

En paralelo a la criminalización del dueño de un inmueble, se instauran medidas para proteger a los inquilinos frente a posibles desahucios, lo que genera preocupación a los propietarios ante los impagos e inquiokupas, por lo que endurecen a su vez los requisitos para acceder al alquiler.

Expulsa a los propietarios e inquilinos del mercado de alquiler residencial

Las anteriores consecuencias de la ley de vivienda y la desconfianza generada, además de destruir la oferta de alquiler residencial, empuja a los propietarios a buscar alternativas al alquiler residencial, tales como el alquiler temporal y turístico, o directamente a la venta de la propiedad.

Por parte de los inquilinos, la precarización del sector generada por la ley dificulta el acceso a un alquiler de vivienda residencial.

Precarización del sector

Por otra parte, también aumentan la desconfianza y la incertidumbre por los límites obligatorios a la actualización de rentas, con la consiguiente reducción del poder adquisitivo de los propietarios.

A los límites de la actualización de rentas se suma otra medida intervencionista que contrae la oferta: el régimen general de deducciones para propietarios pasó del 60% al 50% en 2024.  

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