Dudas crecientes sobre financiación irregular del PSOE gracias a la declaración de Mariano Moreno en el Tribunal Supremo
Mariano Moreno, exgerente del PSOE entre 2017 y 2021, ha admitido por primera vez en el Tribunal Supremo que la caja de dinero en metálico usada para pagar gastos de cargos orgánicos incluyó fondos ajenos a las cuentas bancarias del partido.
Esta revelación, hecha durante el juicio del caso Mascarillas, contradice el escrito que los servicios jurídicos del PSOE enviaron en octubre al juez Ismael Moreno, quien investiga bajo secreto de sumario posibles irregularidades financieras detectadas por la Guardia Civil.
Moreno detalló que se introdujeron de forma «atípica» más de 1.000 euros procedentes de la venta de merchandising, sumados a los 940.000 euros extraídos de cuentas bancarias entre 2017 y 2024. Hasta ahora, el partido sostenía que la caja se nutría exclusivamente de transferencias bancarias auditadas, pero esta confesión abre la puerta a sospechas sobre el origen de otros fondos en metálico que pudieron llegar a la sede de Ferraz.
Testimonios que agravan la investigación
La declaración de Moreno se suma a otros indicios graves. La empresaria Carmen Pano, exsocia de Víctor de Aldama, confesó haber entregado 90.000 euros en bolsas a un «señor» en la segunda planta de Ferraz, por encargo del comisionista del caso Koldo. Además, el juez Ismael Moreno custodia un sobre entregado por Aldama, proveniente supuestamente de la venezolana Delcy Rodríguez, que contendría pruebas de financiación irregular vía bonos de PDVSA destinados a la Internacional Socialista y el PSOE.
El magistrado del Supremo Leopoldo Puente, instructor del caso Koldo, ya había alertado sobre posibles «donaciones» en efectivo a la cúpula socialista. Estos pagos irregulares se centran en figuras como el exsecretario de Organización José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, con descuadres en liquidaciones de gastos como restauración, alojamiento y gasolina.
La pesquisa, abierta tras pruebas remitidas desde el Supremo, cuestiona el protocolo de tesorería del PSOE y podría derivar en imputaciones por blanqueo o financiación ilegal. Mientras, el partido defiende su auditoría interna, pero las contradicciones judiciales erosionan su versión oficial.
