La sanidad española puede sufrir un colapso histórico
El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ha aprobado un nuevo real decreto que amplía el acceso a la sanidad pública para los inmigrantes en situación irregular que residen en España. Sin embargo, el propio Gobierno reconoce que no dispone de datos concretos sobre cuántas personas podrán acogerse a esta medida ni cuál será el impacto real que tendrá sobre el Sistema Nacional de Salud (SNS).
La iniciativa ha sido impulsada por el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, junto con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El objetivo principal de la normativa es flexibilizar los requisitos que deben cumplir los inmigrantes sin papeles para recibir atención sanitaria en el sistema público.
Un procedimiento más sencillo para acceder a la sanidad pública
El nuevo decreto introduce cambios importantes en el proceso para obtener asistencia sanitaria. Según ha explicado el Ministerio de Sanidad, los solicitantes solo tendrán que presentar una declaración responsable en la que indiquen que:
- No cuentan con cobertura sanitaria por ninguna otra vía.
- No pueden trasladar ese derecho desde otro país.
- No existe ninguna entidad o tercero obligado a hacerse cargo de los costes médicos.
Una vez presentada la solicitud, la persona recibirá un documento provisional que le permitirá acceder de forma inmediata a la atención sanitaria en cualquier comunidad autónoma.
Cambios en la forma de acreditar la residencia en España
Otra de las modificaciones relevantes afecta a la manera de demostrar el tiempo de permanencia en territorio español.
Hasta ahora, el certificado de empadronamiento era el principal documento válido para acreditar una estancia superior a tres meses. Con la nueva normativa, este documento pasa a considerarse únicamente el medio preferente, pero no el único.
Los solicitantes podrán demostrar su residencia mediante otros documentos o pruebas, como por ejemplo:
- Certificados de escolarización
- Informes emitidos por servicios sociales
- Facturas de suministros
- Declaraciones juradas acompañadas de documentación adicional
Atención sanitaria antes de comprobar los requisitos
El decreto también introduce un cambio en el procedimiento administrativo. El sistema sanitario ofrecerá primero la atención médica y posteriormente verificará si el solicitante cumple con todos los requisitos establecidos.
La administración tendrá un plazo máximo de tres meses para revisar la información presentada. Si en ese periodo no se produce una resolución oficial, se aplicará el silencio administrativo positivo, lo que permitirá al solicitante mantener su derecho a recibir atención sanitaria en el sistema público.
Falta de previsiones sobre el impacto en el sistema sanitario
La aprobación del decreto ha generado debate político, especialmente porque el Gobierno no ha presentado una estimación del número de personas que podrían beneficiarse de esta medida.
Tampoco se ha publicado un análisis detallado sobre el posible impacto económico o asistencial que podría tener en el Sistema Nacional de Salud, un servicio público que ya enfrenta dificultades derivadas del aumento de las listas de espera y de la presión asistencial en algunas comunidades autónomas.
El Gobierno reconoce la incertidumbre sobre el número de beneficiarios
El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, reconoció públicamente esta falta de datos cuando fue preguntado sobre la cuestión.
Según explicó, resulta complejo calcular cuántas personas podrán acceder ahora a la sanidad pública, especialmente en aquellas comunidades autónomas donde el acceso estaba siendo más restrictivo.
Padilla también señaló que solo después del proceso de regularización que el Ejecutivo tiene previsto poner en marcha se podrá conocer con mayor precisión cuántos inmigrantes en situación irregular quedarían cubiertos por el nuevo real decreto.
