Interior declara “secretos o reservados” los informes, notas técnicas y evaluaciones de riesgo sobre el proceso: censura informativa y administrativa
El Gobierno ha dado un paso más en su estrategia de blindar políticamente el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes al declarar “secretos o reservados” los documentos elaborados en el marco de esa tramitación.
La respuesta parlamentaria, conocida este miércoles, afecta a informes, notas técnicas, evaluaciones de riesgo y otros papeles internos vinculados al planeamiento, preparación o ejecución del procedimiento.
Según la contestación remitida por el Ministerio del Interior de Marlaska, la reserva se apoya en la Ley de Secretos Oficiales de 1968 y en acuerdos del Consejo de Ministros que permiten clasificar de forma genérica la documentación relacionada con determinadas materias. En la práctica, esa decisión impide conocer durante años información clave sobre una medida de alto impacto político y administrativo.
Ley del silencio
Desde la oposición, el Partido Popular ha denunciado que el Ejecutivo está levantando una auténtica ley del silencio alrededor del proceso. La portavoz de Interior del PP, Ana Vázquez, ha acusado al Gobierno de ocultar datos esenciales, entre ellos el número de afectados y posibles antecedentes penales o policiales, y ha criticado que la información quede fuera del alcance público hasta dentro de décadas.
La regularización extraordinaria fue impulsada por el Gobierno a comienzos de año y pasó a audiencia pública en enero, dentro de un procedimiento que el propio Ejecutivo defendió como una vía para dar seguridad jurídica e integrar a personas extranjeras ya presentes en España. Sin embargo, la decisión de clasificar los documentos ha reabierto el choque entre transparencia y secreto administrativo en un asunto especialmente sensible.
En la oposición interpretan la medida como una forma de censura informativa y de cierre en falso del debate público. Para el Gobierno, en cambio, la cobertura legal del secreto oficial protege el contenido de unos expedientes que considera sensibles por razones de seguridad y tramitación administrativa.
