La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, confirma que no existe un cupo máximo en el proceso de regularización extraordinaria aprobado
El Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido abiertamente que el proceso de regularización masiva de inmigrantes en situación irregular no tiene un límite numérico predeterminado. Según declaraciones de la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, se concederá la documentación a todas las personas que presenten su solicitud, acrediten los requisitos y tengan derecho a ella, “sean 500.000, 600.000, 700.000 o los que sean”.
La responsable ministerial realizó estas afirmaciones en una entrevista en la emisora Latinosfm, donde defendió que el Ejecutivo no ha establecido “cupos” máximos. “Se regularizará a las personas que presenten su solicitud, su documentación y que tengan derecho a ella. Lo importante es que se va a dar una respuesta a todos ellos”, subrayó Cancela.
Esta regularización extraordinaria, fruto del acuerdo entre el PSOE y Podemos, se aprobó mediante real decreto y entró en vigor con la apertura del plazo de solicitudes en abril de 2026. Pueden acogerse a ella los extranjeros que acrediten su presencia en España antes del 31 de diciembre de 2025, carezcan de antecedentes penales relevantes y demuestren al menos cinco meses de estancia en el país. Organizaciones sociales estiman que el número de potenciales beneficiarios oscila entre 500.000 y más de 800.000 personas.
Tragsa y Correos
El proceso de Pedro Sánchez se tramita de forma telemática y cuenta con el apoyo de entidades como TRAGSA y Correos para agilizar la gestión documental. Los solicitantes que cumplan los requisitos obtendrán una autorización provisional de residencia y trabajo mientras se resuelve su expediente, con plazos máximos de tres meses en muchos casos.
Esta medida del Gobierno de Sánchez representa la séptima regularización extraordinaria en la democracia española y una de las más ambiciosas desde la de 2005. El Gobierno la defiende como un instrumento de justicia social, cohesión e integración laboral, mientras la oposición critica que supone un “efecto llamada” y cuestiona su impacto en los servicios públicos y el mercado de trabajo.
Con más de 130.000 solicitudes registradas en la primera semana, el proceso avanza a gran velocidad y promete transformar el panorama migratorio en España en los próximos meses.
