El ejecutivo socialista sigue trabajando para modificar los censos electorales superando las 200.000 concesiones anuales
Desde 2018, los distintos gobiernos de Pedro Sánchez han concedido más de 1,7 millones de nacionalidades españolas, marcando un incremento significativo en el ritmo de acceso a la ciudadanía. Este proceso no solo implica un cambio en el estatus legal de los beneficiarios, sino que también puede tener efectos en su participación futura en procesos electorales, siempre que cumplan los requisitos establecidos.
La mayor parte de estas concesiones corresponde a la nacionalidad por residencia, que supera los 1,3 millones entre 2018 y 2025, según datos de los ministerios competentes analizados por The Objective. A este volumen se suma la vía extraordinaria de la Ley de Memoria Democrática, que ha permitido alrededor de 400.000 nacionalidades adicionales a descendientes de españoles exiliados.
Récord de concesiones en los últimos años
El ritmo de concesión de nacionalidades ha alcanzado cifras históricas en el periodo reciente. Desde 2023, España supera de forma consecutiva las 200.000 concesiones anuales:
- 242.374 en 2023
- 221.466 en 2024
- 221.284 en 2025
Estas cifras consolidan un promedio superior al registrado anteriormente, situado en torno a 165.000 concesiones anuales.
Matrimonios mixtos y vías reducidas de acceso
Uno de los factores que contribuye a la aceleración del proceso es el aumento de los matrimonios entre españoles y extranjeros. Entre 2018 y 2024 se registraron alrededor de 165.000 uniones de este tipo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Este tipo de vínculo reduce el tiempo de residencia necesario para solicitar la nacionalidad a un año, frente a los diez años exigidos con carácter general, convirtiéndose en una de las vías más rápidas de acceso a la ciudadanía.
Asimismo, la legislación española contempla plazos reducidos de dos años para ciudadanos de países iberoamericanos, Filipinas y Guinea Ecuatorial, lo que facilita la incorporación de estos colectivos.
Aumento sostenido de solicitudes de nacionalidad
El crecimiento no solo se refleja en las concesiones, sino también en el volumen de solicitudes. En los últimos años se ha registrado un aumento notable:
- 2023: cerca de 200.000 solicitudes
- 2024: 246.663 solicitudes
- 2025: 295.107 solicitudes (máximo histórico)
Este incremento supone un crecimiento superior al 70% en apenas tres años, reflejando una mayor demanda del proceso de nacionalización.
Digitalización y presión sobre el sistema administrativo
La Administración ha implementado medidas como la digitalización de expedientes, la externalización de servicios y distintos planes de choque para reducir el histórico atasco administrativo.
Sin embargo, el aumento de solicitudes sigue tensionando el sistema. A finales de 2025, se registraban 256.393 expedientes pendientes, concentrados principalmente en ese mismo ejercicio.
Ese año se resolvieron 256.219 solicitudes, lo que muestra una alta capacidad de gestión, aunque insuficiente para absorber el crecimiento continuo de la demanda.
Regularización y previsión de nuevas solicitudes
El marco migratorio actual apunta a una posible ampliación del número de beneficiarios en los próximos años. La regularización extraordinaria propuesta por el Gobierno podría afectar a unas 700.000 personas, que obtendrían autorización de residencia, requisito previo para acceder posteriormente a la nacionalidad.
Además, la aplicación de la Ley de Memoria Democrática mantiene más de 2,3 millones de solicitudes en trámite en los consulados, lo que anticipa un flujo continuado de nuevas concesiones.
Impacto demográfico y político del aumento de nacionalizaciones
La evolución desde 2018 muestra un cambio estructural en la política de nacionalidad en España. La combinación de mayor número de solicitudes, vías aceleradas de acceso y procedimientos extraordinarios ha situado el sistema en máximos históricos.
Este incremento no solo tiene efectos demográficos, sino también implicaciones a medio y largo plazo en la configuración del censo electoral, en un contexto de creciente debate sobre la gestión migratoria y el modelo de integración en España.
