Defensa rectifica y evita medidas obligatorias para los españoles expuestos, en contraste con las duras restricciones impuestas durante la pandemia de Covid-19
El Gobierno ha vuelto a sembrar la confusión, a través de Defensa, en plena gestión de una crisis sanitaria al modificar su criterio sobre los españoles afectados por el caso del barco del hantavirus.
Tras días de incertidumbre, el Ministerio de Defensa ha asegurado ahora que no impondrá una cuarentena obligatoria a los repatriados, argumentando que podría suponer una “privación de libertad”.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha pronunciado en público por primera vez sobre la crisis del hantavirus. Su cartera es la responsable de recepcionar a los españoles a bordo del crucero y trasladarlos en un avión militar desde las Islas Canarias hasta el hospital Gómez Ulla, en Madrid. Sin embargo, según ha adelantado Robles, solo se trasladará a «los que voluntariamente quieran, porque las medidas que se toman tienen que ser voluntariamente».
Confinamiento en pandemia Covid-19
La decisión ha generado sorpresa tanto en el ámbito sanitario como político, especialmente por el contraste con las medidas adoptadas durante la pandemia de la Covid-19, cuando el propio Ejecutivo no dudó en decretar confinamientos domiciliarios masivos y restricciones severas a la movilidad de toda la población.
Según fuentes oficiales, la negativa a imponer una cuarentena obligatoria responde a criterios legales y a la necesidad de respetar los derechos individuales de los afectados. Sin embargo, esta explicación no ha logrado disipar las críticas, que apuntan a una evidente incoherencia en la gestión de crisis sanitarias por parte del Ejecutivo.
Expertos consultados subrayan que, si bien el hantavirus presenta características distintas a las del coronavirus, los protocolos de prevención suelen contemplar medidas de aislamiento para evitar posibles contagios, especialmente en situaciones de exposición directa como la vivida en el barco.
Privación de libertad por el coronavirus
Mientras tanto, el cambio de postura ha alimentado el debate político. Desde distintos sectores se cuestiona que el Gobierno invoque ahora la protección de libertades individuales cuando, durante la pandemia, millones de españoles fueron obligados a permanecer en sus hogares bajo amenaza de sanción.
La falta de un criterio claro y coherente vuelve a poner en entredicho la gestión del Ejecutivo en materia sanitaria, dejando a la opinión pública entre la preocupación por el riesgo y la incertidumbre sobre las decisiones oficiales.
Sanidad confía en las personas
El Ministerio de Sanidad se pronuncia tras las declaraciones de Robles subrayando que lo prioritario es «confiar en que esas personas y sus familiares lo que quieren es estar protegidos, cuidados y recibir el mejor cuidado médico posible».
Además, aseguran que, en caso necesario, el Gobierno actuará con firmeza: «Se tomarán las medidas legales necesarias para garantizar la salud pública con todos los instrumentos legales a su disposición, como no podría ser de otra manera».
