Protegerá el campo extremeño del Pacto Verde de Bruselas y acabará con ‘diez años de estafa del PSOE’ con el regadío
El Gobierno extremeño PP-VOX protegerá el sector primario extremeño frente a la agenda 2030 y el Pacto Verde. El acuerdo para la gobernabilidad de la Junta de Extremadura, al que ha tenido acceso LA BANDERA, incluye cláusulas para proteger el campo y el sector primario regional, en la medida de sus competencias, del impacto destructivo de las políticas de Bruselas y del Ejecutivo socialcomunista de Sánchez.
Blindaje del campo de Extremadura frente a la agenda 2030
Desde el primer día de la legislatura, «Este Gobierno se compromete a no aprobar ninguna medida que perjudique objetivamente al sector primario y lo protegerá activamente -económica, política y jurídicamente- de las imposiciones de Bruselas y del Pacto Verde», indica el acuerdo.
«Asimismo, manifestamos nuestro rechazo explícito al acuerdo UE-Mercosur, en tanto en cuanto no garantice la igualdad de condiciones frente a los productores extremeños», subraya el documento.
Fondo de compensación frente a imposiciones de Bruselas
Desde el primer día de la legislatura se creará «un fondo de compensación, ajustado a la legislación vigente, destinado a mitigar el impacto negativo de desastres naturales, circunstancias adversas sobrevenidas o de imposiciones normativas, para proteger a nuestros sectores productivos».
Extremadura libre de cargas y tasas autonómicas derivadas del Pacto Verde
En todos los presupuestos, «se mantendrá la supresión de toda carga y tasa autonómica perjudicial para el sector productivo, con el objetivo de aliviar la presión fiscal y favorecer su competitividad».
Asimismo, el acuerdo anticipa que la Junta «mantendrá una posición firme en defensa de los intereses del sector primario frente a políticas comerciales que puedan resultar discriminatorias para los productores de la región».
Fin de la estafa del PSOE con el regadío de Tierra de Barros
Tras más de una década de estafas del PSOE a los regantes y de burla a los agricultores, indica el documento, «este Gobierno creará una Dirección General de Regadíos que tendrá como cometido principal, irrenunciable y urgente la ejecución total y definitiva del proyecto de regadío de Tierra de Barros, en constante y permanente colaboración y comunicación con los propios regantes» .
Para ello, antes de septiembre de 2026, «se darán los pasos para asegurar la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental y se explorarán todas las fórmulas de financiación, tanto públicas como privadas, regionales, nacionales y europeas, que permitan la viabilidad y la ejecución completa del proyecto, por considerarlo una infraestructura estratégica para el desarrollo agrario y económico de Extremadura».
Antes del fin de año también se pondrá en marcha un plan regional de regadíos orientado a la eficiencia en el uso del agua y un plan de modernización, ampliación y mantenimiento de las infraestructuras hídricas de Extremadura.
Flexibilizar o suprimir las normas que arruinan al sector primario
Una de las medidas que puede ser más decisiva es la que insta, con diferentes plazos de ejecución al inicio de los trámites para modificar las siguientes leyes autonómicas y finalizarlos:
- Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de Extremadura. Se seguirá avanzando, en lo posible, en simplificar los procedimientos administrativos, especialmente en prevención de incendios y mantenimiento de espacios naturales.
- Ley 14/2010 de Caza de Extremadura. La reforma actualizará el marco jurídico para adaptarlo a los retos del medio rural y la gestión de la fauna. Se consolidará la caza como una actividad estratégica compatible con la conservación del medio natural.
- Ley 11/2010, de 16 de noviembre, de Pesca y Acuicultura de Extremadura. La reforma modernizará la normativa para adaptarla al sector actual, simplificando trámites y reforzando la pesca deportiva, la acuicultura y la vigilancia frente al furtivismo.
- Ley 8/1998, de 26 de junio, de Conservación de la Naturaleza y Espacios Naturales de Extremadura. La reforma adaptará el marco normativo a la realidad del medio
rural extremeño, marcada por la despoblación y el aumento del riesgo de incendios con una gestión activa centrada en la prevención, los usos
tradicionales y la intervención directa. - Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura. La reforma adaptará el marco jurídico a las necesidades actuales del sector, reduciendo burocracia y reforzando al
productor y la explotación familiar.
Simplificación de normativa en Red Natura 2000 y de Espacios Protegidos
Antes de fin de 2026, se promoverá la «revisión de la delimitación de las zonas ZEPA y LIC, conforme a criterios técnicos, legales y científicos» con garantías de respetar la normativa vigente y los compromisos de conservación.
También se simplificará la normativa aplicable en los espacios integrados en la Red Natura 2000 y en la Red de Espacios Protegidos, así como la revisión de los Planes Rectores de Uso y Gestión de los espacios naturales protegidos «con el objetivo de compatibilizar la protección del medio natural con el desarrollo económico«, indica el texto del acuerdo. legislación vigente.
