Más del 30% de la población reclusa en España es extranjera, principalmente de Marruecos y Argelia
El Gobierno ha enviado una instrucción interna a todos los centros penitenciarios para que faciliten de manera activa la tramitación de solicitudes de regularización de los internos extranjeros. El documento, firmado por el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente Cuenca, obliga a las prisiones a identificar a los presos que puedan acogerse a estos procedimientos y a colaborar con las oficinas de extranjería y las delegaciones del Gobierno para agilizar los trámites administrativos.
La medida se basa en el Real Decreto 316/2026, aprobado el pasado 14 de abril, y tiene como objetivo principal evitar que los presos extranjeros queden en situación irregular una vez cumplida su condena, lo que, según el texto oficial que ha adelantado El Español, “dificultaría gravemente su reinserción social”. No se trata de una modificación normativa, sino de un refuerzo de la coordinación entre Instituciones Penitenciarias y los organismos de extranjería.
La iniciativa afecta a más de 15.000 personas, que representan más del 30% de la población reclusa total en España, con un peso especialmente relevante de nacionales de Marruecos y Argelia.
La orden llega apenas cinco días después de que Más Madrid, uno de los socios parlamentarios del PSOE, registrara en el Congreso preguntas urgentes para garantizar el acceso a estos procedimientos, tanto en prisiones como en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
Malestar entre lo funcionarios de prisiones
La noticia ha generado malestar entre los funcionarios de prisiones. El sindicato Tu abandono me puede matar (TAMPM) ha criticado la “celeridad” con la que el Ejecutivo actúa para beneficiar a los internos mientras mantiene un “silencio sistemático” ante sus reivindicaciones laborales históricas. Entre ellas, la concentración horaria o la reforma del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria para reconocer a los trabajadores como agentes de la autoridad, una demanda bloqueada desde hace más de siete años.
Fuentes de Instituciones Penitenciarias, dirigidas por el secretario general Ángel Luis Ortiz, defienden que la instrucción busca exclusivamente mejorar la eficacia administrativa y no altera las condiciones de cumplimiento de las penas. La oposición ya ha anunciado que llevará el asunto al Congreso para exigir explicaciones sobre el alcance real de la medida.
