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El Gobierno prohíbe despedir a los autónomos y pymes que cobren ayudas por la guerra de Irán

Obliga a mantener los empleos hasta el 30 de junio u otra fecha si Sánchez decide prorrogarla, o deberán devolverse las subvenciones

Prohibición del despido hasta que Sánchez decida: el incumplimiento obliga a reintegrar las subvenciones o bonificaciones, lo que puede suponer un golpe serio para la tesorería de muchas pymes y autónomos.

El Gobierno aprobó un nuevo paquete de medidas con el pretexto de amortiguar el impacto económico de la guerra en Irán y coloca el foco en el empleo. Entre los requisitos, autónomos pymes que reciban estas ayudas públicas afrontan limitaciones claras para despedir trabajadores porque deben mantener el empleo mientras dure la vigencia de la ayuda.

El Real Decreto-ley 7/2026 que publicó el Boletín Oficial del Estado el 21 de marzo y que entró en vigor el 22 de marzo recoge esta prohibición de forma expresa. Cualquier negocio que acceda a subvenciones o apoyos energéticos asume la obligación de conservar los puestos de trabajo al menos hasta el 30 de junio de 2026 salvo que el Ejecutivo socialcomunista decida prorrogar el plazo.

El mismo intervencionismo estatal que con la guerra de Ucrania y la pandemia

El texto impide que las empresas utilicen las circunstancias económicas ocasionadas por la guerra en Oriente Medio como causa objetiva de despido y refuerza el uso de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo para absorber el impacto sin destruir puestos de trabajo definitivos. Esta misma prohibición de despido ya se adoptó con los pretextos de la pandemia y la guerra en Ucrania.

Desde la CEOE aseguran que el impacto será desigual porque los autónomos con pocos empleados y las pymes con márgenes de beneficio más ajustados tendrán menos capacidad de absorber el aumento de costes sin recurrir a ajustes de personal.

Se mantienen los despidos disciplinarios y por finalización de contratos temporales

La Inspección de Trabajo aumentará la vigilancia sobre las extinciones de contratos y los juzgados revisarán con lupa los despidos producidos durante la vigencia del decreto especialmente en sectores de energía o más expuestos a los efectos de la guerra en Oriente Medio.

La medida busca ganar tiempo y evitar una destrucción inmediata de puestos de trabajo aunque introduce rigideces que podrían llevar a posponer nuevas contrataciones indefinidas. No prohíben todos los despidos pero sí aquellos por causas vinculadas a la subida de precios.

Las empresas podrán extinguir contratos por causas disciplinarias por finalización de contratos temporales o por motivos totalmente ajenos a la crisis aunque cualquier decisión deberá estar muy bien documentada, precisa el digital Autónomos y Emprendedores.

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