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El Gobierno prohíbe hasta 2028 desahuciar familias calificadas de vulnerables

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Los socialistas ofrecen medidas asistenciales, con la propiedad ajena, a las víctimas de su nefasta gestión de la economía

Entre los escándalos protagonizados este miércoles por el Gobierno este miércoles figura la extensión de la moratoria antidesahucios que prohíbe el lanzamiento de su vivienda habitual a familias vulnerables.

A partir de este miércoles, ya no procederá el lanzamiento en los supuestos de familias de especial vulnerabilidad. La norma amplía la extensión del decretazo de 2020 de medidas urgentes por el Covid-19.

Hoy, sin el comodín de la pandemia, usado ya el de la guerra de Ucrania para topar alquileres, el Gobierno justificó su intervencionismo por la incertidumbre de cuándo bajarán los tipos de interés y la inflación.

El Gobierno ofrece una presunta ayuda a los vulnerables creados por su gestión

Por otra parte, el Gobierno socialista presumió de su papel asistencial a “familias afectadas en mayor medida por el incremento de la inflación, cuyas repercusiones se espera que se mantengan a lo largo de los próximos años dado el efecto nivel sobre los precios”.

En otras palabras, el PSOE ofrece un paliativo a quienes sufren los efectos de dirección socialista de la economía basada en la incompetencia crónica, el intervencionismo, impuestos confiscatorios, generación masiva de deuda y criminalización del emprendimiento.

¿Destrucción del mercado del alquiler?

Esta prórroga puede ser la puntilla del mercado de alquiler en un país como España, donde las familias invertían sus tradicionalmente en ladrillo, tanto en vivienda en propiedad, como en una segunda casa o piso vacacional con el que disponer de una fuente de ingresos y de ahorro.

En mayo de 2023, el Banco de España ya alertó en un informe sobre los efectos, a medio plazo, que podría desencadenar en el mercado española la Ley de la Vivienda elaborada por el Gobierno.

En la dinámica destructiva y empobrecedora socialista figuran otras medidas, como el tope de los precios de los alquileres en las zonas tensionadas, en marcha desde marzo.

Esta medida intervencionista se justificó con la excusa de la guerra de Ucrania que, al parecer, impulsó al Gobierno a preparar un índice alternativo al IPC para topar las subidas de todos los alquileres en 2025 con independencia de la zona.

Entre los hitos del gobierno del PSOE y la extrema izquierda figuraban el mencionado tope de alquileres, la penalización a grandes y medios tenedores de pisos y el aumento de la protección contra los desahucios, que favoreció la okupación indiscriminada.

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