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El Gobierno quiere saber todo sobre tus pagos con tarjeta y tus visitas al cajero

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El deseo de Hacienda es rastrear cada uno de tus movimientos bancarios con el supuesto fin de prevenir el fraude fiscal

El Ministerio de Hacienda capitaneado por María Jesús Montero lo quiere saber todo de ti. Por ello, su pretensión es y con carácter retroactivo a 2024 vigilar todos los pagos que hagas con tarjeta (del tipo que sea) e identificar la retirada de efectivo, así como sondear también los movimientos vía Bizum.

Este Gobierno ya está al tanto de los ingresos y retiradas de los clientes de los bancos, ya que estos están obligados a pasar la información a la Agencia Tributaria (siempre que excedan en número y cantidades determinadas). Pero de momento, Hacienda no está al tanto de todos los pagos con tarjeta realizados España.

El objetivo de la Agencia Tributaria es rastrear todos los pagos con tarjeta que se hacen en España para prevenir supuestamente el fraude fiscal. De esta manera, el Gobierno quiere poder acceder a la información relativa a operaciones realizadas con todo tipo de tarjetas: de crédito, de débito, tarjetas prepago con o sin cuenta bancaria, tarjetas de pago virtuales…

Es decir, el Gobierno podrá saber cuánto gastas, cuándo lo gastas y en qué te lo gastas. Ya se sabe que la información es poder y ante ello, la intención del Ejecutivo es que los bancos tengan la obligación de informar a la Agencia Tributaria incluso en lo relativo a dinero electrónico, transferencias…  

Ley de Medidas contra el Fraude Fiscal

Así se desprende del informe de evaluación de la Ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal de 2021 que el Gobierno había comprometido con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La elaboración de este informe sigue a la evaluación intermedia de los efectos de la Ley que se publicó en el último trimestre de 2022 e incluye tanto el estudio de las medidas implementadas, como posibles propuestas de mejora a implementar en un futuro.

La Agencia Tributaria quiere identificar a las personas que realizan movimientos con tarjetas y por eso perseguirá a bancos, entidades de pago o de dinero electrónico que informen del titular detrás de cada operación. Además, prohibirá el uso de tarjetas o de cualquier otro medio de pago emitido por bancos o entidades situadas en paraísos fiscales, así como cualquier tarjeta que no permita identificar al titular de las operaciones.

Control sobre los terminales en punto de venta

Otro de los objetivos también es reforzar el control sobre las TPV (Terminal en Punto de Venta) para que solo puedan acceder al sistema las personas dadas de alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas y enteradas de sus obligaciones tributarias.

Por otro lado, la directiva europea, conocida como DAC 7, obligará a las plataformas digitales a compartir cierta información sobre sus vendedores con las autoridades fiscales de los países de la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2024, siempre que hayan realizado más de 30 operaciones o hayan obtenido más de 2.000 euros en sus ventas.

Ojo con Wallapop o Vinted

Así, plataformas como Wallapop o Vinted estarán obligadas a recopilar, verificar y comunicar información a las autoridades fiscales sobre determinados vendedores que utilizan sus servicios. Esta información debe recopilarse y verificarse cada año natural y debe ser comunicada por las plataformas a más tardar el 31 de enero del año siguiente.

Así, la primera declaración informativa de la obligación de información recogida por los operadores de plataformas se deberá presentar a partir de 1 de enero de 2024 respecto de la información relativa al año inmediato anterior.

El desarrollo de la Agenda 2030

Todo esto se alinea con los supuestos criterios de desarrollo sostenible conjugando sus tres dimensiones (económica, social y ambiental) de forma equilibrada e integrada plasmados en la Agenda 2030 y que sirve de guía a la Unión Europea.

Según los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la fiscalidad está llamada a desempeñar un importante papel para facilitar su consecución y fomentar la adopción de sus criterios en las inversiones.

De esta manera, como resalta el Consejo Económico y Social Europeo, a mayor fiscalidad, mayores impuestos y mayor recaudación, mayor financiación del gasto público y mayor lucha contra el cambio climático.

Sin embargo, tal y como muchos expertos han denunciado formalmente, la Agenda 2030 no hace referencia explícita a las grandes evasiones de capital. “Cada año los países en desarrollo pierden al menos 100.000 millones de dólares por abusos fiscales de grandes transnacionales, tanto por evasión y elusión fiscal como por los incentivos discrecionales concedidos a algunas grandes empresas”.

Según Pablo José Martínez Osés, escritor y doctor en Relaciones Internacionales, las intenciones de la Agenda 2030 entran en colisión con el rechazo a luchar contra paraísos fiscales y a hablar de políticas fiscales que afecten, entre otras a “las transacciones económicas”.

Sociedad pacífica frente a la venta de armas

Es una paradoja similar a la que se deduce del Objetivo 16, que busca “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible”, algo que no es coherente con las políticas de venta de armas de muchos países que integran la ONU y que llevan por bandera los axiomas de la Agenda 2030.

Mientras, los redactores agendistas y sus afines consideran que aumentar los ingresos públicos es clave para apoyar la movilización de recursos con los que financiar la Agenda 2030. Por eso, se pide que los Estados aborden el alto nivel de incumplimiento tributario. Y volvemos al mantra globalista: control de tu dinero mediante los ministerios de Hacienda, revaluar los gastos tributarios, fortalecer el impuesto sobre la renta personal y los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria, promover impuestos a la economía digital y, por su puesto, crear impuestos ambientales para avanzar hacia la descarbonización de la economía y la reconversión productiva.

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