De momento, solo la Agencia Tributaria de Cataluña lo ha empezado a aplicar, aunque el resto de las regiones españolas también tienen capacidad para hacerlo
Nuevos pasos para acomodar la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible a los países a los que va destinado su articulado. La huella de carbono y su impacto planetario es tremenda, nos dicen, y somos malas personas si producimos CO2 en exceso puesto que contribuimos al cambio climático, al calentamiento global, a la destrucción de nuestro futuro inmediato. Por ello, los estados quieren que el ciudadano de a pie sea menos malo y si lo es, que pague por ello con nuevos y mayores impuestos.
En este caso te hablamos del impuesto sobre el carbono y en concreto del impuesto al CO2 que no es otra cosa que una tasa que grava las emisiones de CO2 de los vehículos, algo que arrancó de manos de la ONU ya en tiempos del Protocolo de Kioto y que se aprobó para sus estados miembros en 2005.
Es un hecho que todos estos inventos para teóricamente recudir la contaminación o, dicho de otra forma, para obtener más impuestos bajo una excusa ‘ecológicoplantenaria’, se van a extender a toda la sociedad con sello ONU y dentro de ese perfil ‘verde’ de la Agenda 2030.
En España, fue en 2017 cuando el Parlamento de Cataluña aprobaba la puesta en funcionamiento del conocido como el impuesto al CO2, una tasa que grava las emisiones de CO2 de los vehículos. Finalmente fue aprobada en 2019 con la única oposición del PP y, tras su puesta en funcionamiento, en 2022, este 20 de noviembre terminaba el plazo para que los conductores paguen la tasa correspondiente por cada coche matriculado a su nombre. A partir de ese día el cobro entrará en recaudación ejecutiva con intereses.
Es una nueva tasa ecológica catalana
La nueva tasa ecológica catalana (de momento) grava las emisiones de CO2, por lo cual se trata de un pago único anual de entre 0,55 y 1,10 euros por gramo de CO2 emitido a la atmósfera, cantidad que debe multiplicarse por las emisiones de CO2 que refleja la ficha técnica de cada vehículo.
Este impuesto verde, en línea con la fiscalidad ambiental que se promueve en Europa para luchar contra el cambio climático dentro de la Agenda 2030, grava las emisiones de CO2 de turismos, furgonetas y motocicletas por su impacto directo en el efecto invernadero y el calentamiento global, y, por lo tanto, por las consecuencias que puede tener en la salud de la ciudadanía.
La recaudación se destina íntegramente al Fondo Climático y al Fondo del Patrimonio Natural, y debe retornar, en teoría, a las personas a través de la inversión en acciones para mejorar el medio ambiente, fomentar la movilidad sostenible y la transición energética, prevenir incendios forestales y adaptar los bosques a la emergencia climática, conservar los parques naturales, restaurar los ecosistemas marinos, e impulsar la investigación y la innovación para mitigar el cambio climático. Pero es un hecho, y sobre todo en Cataluña, que está ocurriendo todo lo contrario…
Quién debe pagar y quién está exento
Tienen que pagar el impuesto las personas físicas y jurídicas que durante el año 2022 han tenido domicilio fiscal en Cataluña y han sido titulares de un vehículo (turismo, furgoneta o motocicleta). También están obligadas las personas jurídicas sin residencia fiscal en Cataluña pero que, durante el 2022, han tenido un establecimiento, sucursal u oficina y han sido titulares de algún vehículo domiciliado en Cataluña.
Están exentos de pago los vehículos 100% eléctricos, los ciclomotores, los camiones o vehículos de más de 3,5 toneladas, los autocares, los vehículos autorizados a transportar a más de 9 personas (incluyendo el conductor) y los vehículos adaptados para la conducción de personas con movilidad reducida. Los vehículos con matrícula de vehículo histórico y los vehículos clásicos disfrutan de una bonificación del 100% de la cuota íntegra y, por lo tanto, tampoco tributan. Asimismo, no tienen que pagar el impuesto los titulares de los vehículos que no superen los 6 euros de cuota a ingresar.
El impuesto ha afectado a 6,6 millones de personas
Es impuesto entró en vigor en 2022, por lo que el año pasado fue el primero en tener ‘efecto impositivo’, según destaca la patronal catalana de la automoción (FECAVEM). Han asegurado, a través de un informe, que la tasa se saldó con una recaudación de 30,25 millones en 2022 y 41 millones en 2023, una cifra muy inferior a la esperada por la administración.
Según pusieron de manifiesto los responsables de la entidad, las cifras a las que aspiraba la Generalitat eran 66 millones en 2021 y 160 millones en 2022.
Fecavem denuncia que el impuesto pone de relieve “las graves carencias y agravios que comporta este impuesto”, que este año impactó a 6,65 millones de contribuyentes. Además, sostienen que ha afectado a las matriculaciones de la región, que en 2014 suponían el 15,7% del total del Estado, en 2018 cayeron al 14% y hoy en día ya son solamente del 11,8%.
