Considera que las subvenciones ‘viciadas’ pueden constituir presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental
Interminable macrocausa por corrupción que afecta la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE. El juez del ‘caso ERE’ que investiga una pieza separada de la macrocausa por continuará con un procedimiento abreviado contra Daniel Alberto Rivera, ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía.
Este caso se centra en la concesión y pago posiblemente ilícitos de ayudas a la empresa Nature Pack Minas de Riotinto S.A. por un total de 1.240.060,16 euros. En un auto fechado el 24 de marzo y divulgado este miércoles, indica que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
El caso ha sido enviado a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones para que soliciten la apertura del juicio oral o el archivo del caso, o bien la práctica de diligencias complementarias.
Procedimiento ‘absolutamente viciado’
La investigación se refiere a la forma en que la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social otorgó estas ayudas de manera arbitraria e injusta ‘siendo consciente de la manifiesta ilicitud de la concesión de esta subvención’ a Nature Pack Minas de Riotinto. Los pagos se realizaron entre julio de 2008 y mayo de 2010 a través de la Agencia IDEA.
El juez detalla cada una de las ayudas, destacando una de 274.509,76 euros que se concede como “ayuda sociolaboral” el 22 de marzo de 2010 por Juan Márquez, quien fue director general antes de Rivera. Este último asumió el cargo el 6 de abril de 2010 y, a pesar de no contar con el procedimiento adecuado ni con los informes necesarios, ordenó el pago de la ayuda con fondos públicos.
‘No figura en el expediente de concesión de estas ayudas trámite alguno dirigido a su otorgamiento, absolutamente ninguno’
El juez concluye que el procedimiento para otorgar y pagar estas ayudas estaba completamente viciado, ya que no se especificaron claramente la finalidad pública de las subvenciones, los compromisos requeridos ni las fechas de cumplimiento y justificación.
Además, se señala que Rivera era consciente de la ilicitud de la concesión de esta subvención cuando ordenó su pago en 2010. El auto indica que no existe documentación alguna en el expediente que respalde el procedimiento de concesión de estas ayudas.
Se menciona que el total de fondos públicos desembolsados por orden de Rivera a Nature Pack representan una disposición arbitraria de fondos en detrimento de otras empresas del mismo sector.
