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El juez del ‘caso Tsunami’ cita a declarar en la AN a la prófuga, Marta Rovira

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También investiga si el expresidente autonómico, Quim Torra, cometió ‘una infracción penal por omisión del deber de perseguir un delito electoral’ perpetrado por los violentos de Tsunami

A pesar de los planes del Sánchez de amnistiar a la carta a una serie de sujetos que le exigen sus acreedores parlamentarios separatistas, el juez instructor del ‘caso Tsunami’ sigue cumpliendo su deber y ha citado a declarar el 22 de mayo, entre otros, a la fugitiva Marta Rovira (ERC) y a Josep Lluís Alay jefe de gabinete del prófugo Puigdemont.

El instructor convoca también al empresario Oriol Soler; al exdirigente de ERC Xavier Vendrell; a la militante de ERC, Marta Molina; al periodista Jesús Rodríguez Sellés, al presunto tesorero de Tsunami, Jaume Cabani y al dirigente de Òmnium, Oleguer Serra.

En el su auto, recogido por EP, el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción nº6 también ha dado el visto bueno a una orden europea de detención a Italia del banquero Nicola Flavio Giulio Foglia para tomarle declaración por videoconferencia.

García-Castellón también tramita nuevas diligencias por los actos violentos perpetrados por Tsunami el 9 de noviembre de 2019, jornada de reflexión de las elecciones generales.

Para el magistrado, puede existir un delito por parte de los dirigentes de la Generalidad en esa fecha, consistente en la omisión del deber de perseguir un delito electoral al no existir por su parte actuación alguna para impedir las algaradas de Tsunami.

Investiga si existió delito de Quim Torra por no impedir las algaradas

El instructor ha encargado a la Guardia Civil recabar información para determinar si el gobierno autonómico sabía que Tsunami planeaba perturbar con sus actos la jornada de reflexión prevista para la citada fecha.

En ese sentido, la Generalidad era competente para impedir la celebración de estos actos y el presidente regional, Quim Torra, conocía de la denuncia presentada ante la Junta Electoral Central en su condición de máximo responsable de la ‘autoridad gubernativa’.

Según detalla el juez “ante la posibilidad de encontrarnos ante una infracción penal por omisión del deber de perseguir un delito electoral por parte de los responsables políticos de la Generalitat en aquel momento, se acuerda la práctica de las siguientes diligencias, sin perjuicio de valorar, una vez recibidas, la competencia de este órgano judicial para conocer de estos hechos”.

“También se puede comprobar que la Junta Electoral Provincial de Tarragona expresamente instó a la Generalitat, a través de la Dirección General competente del Departamento de Interior, a impedir la celebración de estas actuaciones” recuerda el juez instructor.

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